La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves en el Palacio de Miraflores revisar aquellos casos de personas que han sido detenidas por razones políticas, según organizaciones y activistas, que no fueron contemplados en la reciente Ley de Amnistía aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN).
La mandataria hizo el petitorio a la comisión de la revolución judicial que preside el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la comisión especial de diputados que se encargó del proyecto de ley que lidera Jorge Arreaza; y a la comisión del programa de convivencia democrática y paz que encabeza el ministro de Cultura, Ernesto Villegas.
Rodríguez recibió de manos de su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, el documento que fue sancionado por unanimidad de los 277 diputados de la AN, pidiendo máxima celeridad para su publicación oficial.
En una breve alocución que dio ante los parlamentarios que acudieron a Miraflores y que fue transmitida por la mayoría de las televisoras venezolanas, la gobernante expresó que se sentía muy complacida por este resultado que, según su valoración, fue el fruto de una gran consulta de varios sectores de la sociedad venezolana.
Aunque todavía falta por conocer el texto íntegro del instrumento legal y su respectiva publicación en gaceta oficial, se pudo conocer que casi de inmediato, tras la alocución de Rodríguez, fue puesto en libertad plena el dirigente Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba con una medida de arresto domiciliario en su residencia de Maracaibo, portando un grillete electrónico en una de sus piernas.
¿Qué dicen los diputados de oposición?
Antes, la diputada de Un Nuevo Tiempo (UNT) y vicepresidenta de la comisión especial de la AN que se encargó de redactar el proyecto de ley, Nora Bracho, declaró a los medios nacionales que decidieron votar a favor de todo el contenido del documento, incluyendo el polémico artículo 7 que establece que la amnistía abarca a toda persona que se encuentre, pueda ser procesada o condenada por hechos amnistiables siempre que esté a derecho o se ponga a derecho, lo que deja por fuera a personas exiliadas.
La diputada de oposición explicó que las bancadas de oposición decidieron levantar la mano porque están “comprometidos con la libertad de los presos políticos y de los perseguidos”. Según Bracho, la ley también estipula que nadie puede ser detenido después de haber solicitado la medida.
Por otro lado, indicó que el artículo 7 permite la representación legal de personas que se encuentran en el extranjero y que estas permanezcan en libertad. Otras modificaciones incorporaron un plazo de solo 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las medidas de amnistía.
Sin embargo, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no incluye de manera tácita a militares y civiles acusados de estar incursos en conspiraciones, sublevaciones o levantamientos con apoyo de países extranjeros, entre ellos oficiales de la FANB que se encuentran detenidos en Venezuela y dirigentes políticos que estén fuera del país.
Al conocerse la noticia, familiares de detenidos del comando policial de la PNB en Boleíta, conocido como Zona 7, que se encontraban en huelga de hambre decidieron levantar la medida y aguardaban las prontas excarcelaciones de sus parientes.
También durante la sesión de la AN, el diputado Jorge Rodríguez admitió que en algunas ocasiones hubo un uso indebido de la aplicación de la Ley contra el Odio, recomendando corregir esos casos.
Este instrumento fue uno de los que pidió derogar el Consejo Universitario de la UCAB para avanzar en una amnistía real y una plausible convivencia pacífica y democrática.
Alertas previas de las ONG
El pasado 7 de febrero la comisión especial del proyecto de ley de amnistía recibió a representantes de varias organizaciones no gubernamentales para conocer sus observaciones a la iniciativa.
Entre las ONG participantes estuvieron Provea, Justicia Venezolana, Foro Penal y Acceso a la Justicia, según reportó el Parlamento en la red social X.
Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, afirmó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias que la reunión —que duró más de cuatro horas— permitió que cada organización expresara libremente sus observaciones, especialmente sobre las deficiencias del proyecto.
“El punto está en que el proyecto de ley tiene muchas deficiencias y se hizo énfasis desde las diferentes organizaciones —cada quien con su punto de vista— en que deberían hacerse cambios sustanciales para que cumpla con el objetivo que pretende (…) No puede haber reconciliación presuponiendo la culpabilidad del otro”, señaló.
No se trata de un perdón y requiere corregir vacíos
El abogado recordaba que una ley de amnistía no es un perdón, sino un mecanismo para declarar que ciertos hechos no son sujetos de persecución penal.
“A un inocente no se le da perdón, se le da justicia. El perdón solo se le da a un culpable”, explicó, aclarando que la norma debería permitir la anulación de condenas, registros y antecedentes penales, incluyendo a quienes ya fueron excarcelados pero mantienen restricciones como prohibición de salida del país o medidas de presentación.
Por su parte, Oscar Murillo, director general de la ONG Provea, señaló a principios de esta semana que la Ley de Amnistía no debe considerarse el punto final, sino más bien el punto de inicio de un proceso de reinstitucionalización del país.
El representante de Provea destacó que, aunque no hay una única posición, la sociedad civil ha hecho aportes y la AN ha considerado algunos de ellos en el proyecto que discute.
Sobre estas observaciones, precisó que la primera tiene que ver con atribución de culpas que no corresponde a la amnistía y que se hace a través del empleo de términos como “extremismo”, que a juicio de la organización de derechos humanos no favorece el espíritu de este tipo de instrumento con el que se busca superar un momento de crisis profunda que ha vivido el país.
Otra de las observaciones tiene relación con el concepto que se maneja de clemencia soberana, sobre la que aclara que la amnistía no se trata de un perdón porque no se atribuyen culpas, porque eso lejos de ayudar, puede generar divisiones y profundiza el resentimiento.
Sobre los aportes que la AN tomó en cuenta, Murillo señaló que el proyecto no incluía lapsos procesales, pero los diputados los incorporaron.
Asimismo, el proyecto incorporó una comisión nacional de verificación, aunque el representante lamenta que el Poder Legislativo controle esta figura en exclusiva; por ello, espera que, al desarrollar más adelante este mecanismo, la ley incluya a otros actores.
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