Andrea Santacruz, abogada, docente universitaria y directora de Civilis, dijo en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, que la recién promulgada Ley de Amnistía y Convivencia Democrática era un paso, pero no suficiente para avanzar en un verdaro proceso de reconciliación nacional.
Consideró que el instrumento legal no reconoce que se cometiron abusos, no garantiza reparación a las víctimas, no garantiza memoria, no repetición, ni justicia. Todos, aspectos necesarios para que haya un proceso real de reconciliación nacional que nos conduzca a una paz positiva.
Además, la activista de derechos humanos cuestionó que, los mismos tribunales que han mantenido esquemas de persecución, sean quienes estarían decidiendo si a una persona le aplican o no la amnistía.
¿Para qué una Ley de Amnistía?
La especialista del derecho recordó que en general, las leyes de amnistía son un instrumento legal que procura generar una especie de olvido de unos hechos que derivaron en un gran conflicto en un Estado.
Entonces, explicó sobre ese olvido, al dejar de existir ficticiamente el hecho, pues deja de existir la posibilidad de que el Estado continúe una persecución a quienes supuestamente participaron en esos hechos.
En consecuencia, aclaró, una ley de amnistía no va dirigida a una persona en particular, como lo hace el indulto, sino que lo hace para muchísimas personas de manera general extinguiendo la acción penal, lo que implica que ya no va a haber persecución en contra de esas personas.
La docente universitaria señaló que las leyes de amnistía incluso pueden considerarse parte de los mecanismos de justicia transicional, como un pequeño avance hacia la convivencia pacífica y estable, luego de haber atravesado por conflictos complejos, que incluyen graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la activista de derechos humanos advirtió que se han visto en la región “situaciones en las que se han utilizado las amnistías como mecanismos de impunidad o autoamnistías”, por lo que se han establecido algunos estándares en materia de derechos humanos para evitar que existan esas autoamnistías y se conviertan en instrumentos de impunidad.
La directora de Civilis explicó que la recién promulgada Ley de Amnistía y Convicencia Democrática, “plantea la finalidad de la ley incluyendo convivencia democrática, paz, rectificación y reconciliación nacional”.
“Ahora bien, el contenido de la ley no parece estar realmente orientado hacia esos fines. Entre otras razones, porque se mantiene la idea de criminalizar a quienes van a ser los beneficiarios de esta ley”, agregó.
“Se mantiene la idea de criminalizar a quienes van a ser los beneficiarios de esta Ley de Amnistía«
Andrea Santacruz cuestionó que la Ley de Amnestía aprobada por el Parlamento venezolano esté concebida para garantizar un proceso de reconciliación que posibilite la convicencia, pues no solo sería necesario que se asuma que no se trata de un perdón legal de unos eventos, sino que incluso, eventualmente se debe reconocer que hubo violación de derechos humanos.
“Por estándares internacional, las leyes de amnistía generalmente benefician a quienes han sido víctimas de persecución política, por ejemplo”, recordó.
“Pero el Estado venezolano, hoy, todavía no reconoce que ha existido persecución política, tal y como ya lo ha reconocido la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, como lo ha reconocido la Misión de Determinación de Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, añadió.
Incluso, recordó que, la misma Corte Penal Internacional ha considerado que hay razones para creer que se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo que hay una investigación en curso.
La abogada precisó que el nuevo instrumento legal califica como delincuentes en su primer artículo a quienes la norma pretende beneficiar. De este modo, la ley no reconoce que se trata de víctimas a quienes el Estado detuvo por ejercer sus derechos fundamentales de expresión, opinión, asociación o información, entre otros.
“Es un paso importante pero no suficiente”
Destacó como positivo la inclusión del principio de in dubio pro reo (“en caso de duda, a favor del reo”), y consideración de la posibilidad de que personas en el exilio pudieran apoderar a abogados de su confianza en el país, y que este pudiera hacer la solicitud de amnistía ante los tribunales.
Ambos puntos fueron aportes de las organizaciones no gubernamentales durante el proceso de consulta de la ley.
Sin embargo, insistió: “la verdad es que el contenido general de la ley no es bueno, implica incluso preocupaciones importantes”.
Entre estas preocupaciones resaltó que la Ley de Amnistía no tiene ninguna referencia a procesos de reparación de las víctimas, tampoco garantiza memoria y verdad, el derecho que tienen las personas a saber qué pasó. Por el contrario, Andrea Santacruz señaló: “nos preocupa el contenido del artículo 14, que cuando se lee pareciera que beneficiaría a quienes estuvieron arbitrariamente detenidos, pero la realidad es que estarían eliminándose los registros de lo que vivieron estas personas, y cómo eso constituyó graves violaciones de derechos humanos”.
En este contexto, la abogada señaló que surge una pregunta: ¿además de la ley, qué otra cosa garantiza que no se repitan las detenciones arbitrarias, las torturas denunciadas, entre otros abusos y violaciones de derechos humanos? Además, el artículo 16 establece que el Estado volverá a castigar a quienes reincidan en faltas o delitos amnistiados, lo cual Andrea Santacruz interpreta como una amenaza.
¿El verdugo ahora será el juez en un sistema colapsado?
Andrea Santacruz cuestionó que los mismos tribunales que han mantenido a esas personas bajo el esquema de persecución, reconocido por los órganos internacionales, sean quienes estarían decidiendo si le aplican o no la amnistía.
“Porque no es que la amnistía está aplicando automáticamente, es que el tribunal va a evaluar si le aplica o no le aplica”.
Aseguró que los tribunales además están sobrepasados, lo que ha generado unas condiciones de desgaste para quienes han acudido en las primeras de cambio a solicitar la aplicación de la ley en sus casos.
“Estamos hablando de personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, que están allí enfrentando el miedo de volver a ser arbitrariamente detenidas porque no confían en el sistema, que no saben si realmente le van a aplicar la ley de amnistía o no, y que además en ese proceso de revictimización están sintiendo muchísimo miedo bajo unas condiciones absolutamente incómodas”.
Describió que en los primeros días las colas para acceder a los tribunales en Caracas han sido de horas, a pleno sol y sin respuestas efectivas para la mayoría.
Honestamente creo que en este momento no hay una capacidad real para poder atender lo que la ley de amnistía incluso permite
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