Sobre la situación que se generó este martes con la ONG Convite en Caracas, en la cual funcionarios de las FAES allanaron su sede y se llevaron algunos de sus equipos, además de trasladar a su director y administradora a declarar, Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA, reveló que a los activistas se les quiso vincular con la directiva de la actual Asamblea Nacional.
En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias relató parte del interrogatorio que se le hizo a Luis Francisco Cabezas, director de Convite, y confirmó que el allanamiento había sido una decisión del Tribunal Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo.
A Cabezas, cuenta Uzcátegui, se le inquirió sobre «el origen y destino de los medicamentos e insumos humanitarios que él manejaba».
Afirmó que se intentó vincular el trabajo de esta organización no solo con parte de los diputados de oposición sino también con el periodista Roland Carreño, quien lleva detenido 51 días.
Pese a la liberación de los dos miembros de Convite, luego de más de 2 horas de interrogatorio, el procedimiento en contra de ellos quedó abierto.
Gracias a la presión de diferentes ONG y de medios de comunicación se logró que se le devolvieran los equipos de computación, que contienen información administrativa, y sus teléfonos celulares.
El activista de derechos humanos cree que a partir de este hecho «va a haber un proceso de criminalización contra los integrantes de la saliente asamblea nacional y seguramente, por lo que vimos ayer, se va a intentar vincular a la sociedad civil independiente a ese proceso de persecución».
Por estas razones no se muestra nada optimista con respecto a la actuación del nuevo parlamento que se instala a partir del próximo 5 de enero.
No están cerrados a presentar cuentas
En cuanto a la rendición de cuentas por parte de las ONG sobre los fondos y recursos que reciben para ejecutar proyectos y actividades, Uzcátegui reseñó que en Venezuela existen los mecanismos de transparencia «no solo porque pagamos impuestos sino también porque todos nuestros recursos pasan por el Banco Central».
También las organizaciones son objeto de auditorías del SENIAT y de instancias privadas por parte de personas, instituciones y organismos que colaboran con ellas.
Aseguró que en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales «nunca hemos estado cerrados a la rendición de cuentas».
Mencionó los mecanismos que a los que ellos responden como la explicación de origen y destino de los fondos que reciben, cantidad de personas que laboran en cada organización, y relatoría más detallada que exigen los bancos donde tienen los fondos «a raíz de las sanciones financieras contra nuestro país, que forman parte del sobre cumplimiento, de las cuales, por cierto, somos bastante críticos».
Lo que sí intuye es que «a partir del año que viene se va a intentar neutralizar el trabajo de las organizaciones que aportamos información a esos mecanismos que inspeccionan los derechos humanos».
En este aspecto nombra en concreto el trabajo de la Misión independiente de Determinación de los Hechos «que ha hecho un trabajo muy serio y por eso creo que lo que se va a intentar hacer es evitar que sigamos visibilizando la situación de derechos humanos en Venezuela».
Agregó que ha sido el propio ahora diputado electo Diosdado Cabello «quien ha anunciado que van a aprobar una ley para evitar que se mantenga la cooperación internacional hacia nuestro país».
En ese sentido aspira que «esa mirada internacional sobre Venezuela sea la que contenga esas posibilidades, nosotros seguimos estando alerta sobre cuál va a ser el accionar de la próxima asamblea nacional».
Como coordinador de Provea sigue apostando por la llamada tregua humanitaria en la que los diferentes actores políticos y autoridades se pongan de acuerdo «y colocaran el bienestar de la población por encima de cualquier otra consideración».
Por esto es que desea que la nueva Asamblea Nacional se convierta en un espacio de diálogo y de encuentro.
