Este sábado 11 de diciembre la justicia peruana decidió abrir un proceso penal en contra del ex presidente Alberto Fujimori por su presunta responsabilidad en la aplicación de miles de esterilizaciones durante su período de gobierno, 1990-2000.
El juez Rafael Martínez, encargado del proceso, también informó que en el juicio están implicados tres exministros de Salud de la Administración de Fujimori, uno de ellos es el actual legislador Alejandro Aguinaga.
Alberto Fujimori y sus tres exministros de salud, Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, son investigados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.
Esta decisión de alguna manera responde a las demandas de algunas víctimas y familiares desde hace más de 25 años.
Sin embargo, para que inicie el proceso penal, la Corte Suprema de Justicia de Chile debe primero ampliar la extradición del expresidente, tras la captura de Fujimori en el vecino país en 2005. Mientras se espera la respuesta de Chile sobre la solicitud de extradición, el juez dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.
El método de las esterilizaciones para reducir la pobreza
En los tiempos de Alberto Fujimori como presidente del Perú, el Ministerio de Salud comenzó a aplicar este método de esterilizaciones forzadas con la finalidad de frenar la natalidad de las personas de escasos recursos, incluidas selectivamente algunas comunidades indígenas del país.
De hecho, en la acusación que cursa sobre el ex mandatario y ex funcionarios, se señala que entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización, según lo relevara el Fiscal Pablo Espinoza.
El funcionario del ministerio Público del Perú aseguró que “Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos”.
De esta manera a más de 1.300 mujeres se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad por medio del reconocido Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Sin embargo, reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo apuntan que al menos 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados por medio de ligadura de trompas y vasectomías.
En total, de 300.000 personas, se desconoce cuántas de ellas fueron obligadas a tomar el procedimiento.
De las 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, tan solo 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1.307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención, una de ellas, Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.
Con información de France Press
