La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ACPS) de Venezuela se pronunció el pasado lunes 30 de octubre a traves de su cuenta X, sobre la Primaria opositora, organizadas por la Comisión Nacional de Primarias (CNP), el pasado 22 de octubre.
En un comunicado, la ACPS calificó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como «un golpe a la democracia» y «un retroceso en el proceso de transición política». El documento señaló que las elecciones primarias eran un «ejercicio democrático» que permitía a los venezolanos elegir a su candidato presidencial para las elecciones de 2024.
En este sentido, también expresaron su preocupación por la situación política en Venezuela, y pidieron a la comunidad internacional que siga presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La ACPS señaló que la decisión del TSJ es «un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que de manera cívica participaron en dicho proceso». Recordaron que en los artículos 57 y 67 de la Constitución se consagra el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus pensamientos y de asociarse con fines políticos, libertades que, asegura, llevaron a la sociedad civil a organizarse «para escoger su candidato presidencial”.
Además, sostiene que “el evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones libres y democráticas”, que deben tener lugar en 2024, no constituyó una usurpación de las funciones del CNE y subraya que tampoco puede asumirse que se cometieron ilegalidades.
“Judicializar y criminalizar a sus organizadores, a través de actuaciones del Ministerio Público y del TSJ, representa un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que de manera cívica participaron en dicho proceso”, expone en el comunicado.
La ACPS también recordó que el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la Plataforma Unitaria de Venezuela el 17 de octubre de 2023, reconoce y respeta el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato presidencial de manera libre y conforme a sus mecanismos internos.
Por ello, la ACPS exigió a todos los Poderes Públicos el respeto y la protección a las manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven.
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