Héctor Escandell García, integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza, del estado Amazonas, advierte sobre la expansión de la minería ilegal en las últimas cuatro décadas.
Al día de hoy la extracción minera incorpora motobombas, dragas, explosivos, monitores hidráulicos y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro.
Escandell señala que las modalidades pasaron desde la participación individual, hasta la concentración de cientos de mineros en un sitio, “estableciendo paralelamente relaciones de trabajo caracterizadas por la explotación de la mano de obra en beneficio de financistas, proveedores, comerciantes y otros actores, que prestan diversos servicios”, explica.
El también geógrafo ha identificado actuaciones de funcionarios públicos e individuos representantes de diversas organizaciones del Estado, “en evidente violación de las regulaciones”, dice Escandell.
Según el defensor de los DDHH, el proyecto económico nacional (Arco Minero Orinoco) evidencia una visión cortoplacista por generar riqueza material a costa de los efectos de mediano y largo plazo sobre elementos naturales que, como el agua dulce, son esenciales para la vida.
Respecto a las posibilidades autogestionarias de las poblaciones locales, particularmente de los pueblos indígenas dice que se les imposibilita otras opciones más sostenibles “como el manejo de la selva y su biodiversidad, turismo o agricultura”.
