La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Provea presentaron su informe relacionado con un estudio realizado en Venezuela que muestra los efectos de la hambruna.
El informe muestra cómo la alimentación es una de las áreas más afectadas por los altísimos niveles de la corrupción.
El trabajo titulado «Con la comida no se juega: Graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela», mostró varios elementos que producen el hambre en el país.
De acuerdo con el informe, 9.3 millones de personas en Venezuela tienen severas limitaciones de acceso a los alimentos.
Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH hizo especial mención a las sanciones establecidas por Estados Unidos contra Venezuela.
A juicio de Reyes, estas sanciones que afectan el proceso de producción y distribución de alimentos «deben ser revocadas».
«Las sanciones que limitan el acceso a combustible y otros factores esenciales para la producción y distribución de alimentos en Venezuela deben ser revocadas”, exigió la activista durante su intervención en la presentación de estos resultados.
A propósito de las consecuencias de las sanciones, Jimena Reyes instó al gobierno de Joe Biden «revisar exhaustivamente las sanciones financieras impuestas a Venezuela, requiriendo que prevean excepciones frente a transacciones con fines humanitarios».
ℹ️Nuevo informe de la #FIDH elaborado con @_Provea «Con la comida no se juega: Graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela» 🇻🇪 ya está disponible! 👇https://t.co/1MEEdS7UYj
— FIDH (@fidh_es) March 15, 2022
La crisis y hambruna desde Venezuela
En lo interno, el colapso de los servicios públicos también restringe el acceso al derecho a la alimentación. Es una consecuencia del deterioro de las instituciones que ya no están en capacidad de responder ante la realidad del país.
En este punto, el informe coloca en el epicentro de las grandes falencias alimentarias al gobierno del presidente Maduro. Y exigen al Jefe de Estad
Uno de los factores de mayor incidencia es la dolarización informal en los sectores económicos de Venezuela que ha parado la inflación. No obstante, la dolarización impide que la mayoría de las familias puedan tener acceso al alimento.
Según el informe, pocos tienen acceso al dólar. Además, el precio de los alimentos están muy elevados para el promedio de ingreso económico familiar.
Pobreza
El informe también refiere que Venezuela ha experimentado un 94,5% de incremento de la pobreza en el año 2021.
El Producto Interno Bruto ( PIB) que cayó un 80% lo representa como «una de las contracciones económicas más violentas» en el mundo.
A esto se suma un cuadro hiperinflacionario de más de tres años, agravando la inseguridad alimentaria.
El resultado de estas condiciones económicas ha sido el desarrollo de una emergencia humanitaria compleja caracterizada además de las abrumadoras cifras de pobreza por la inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil y una extensa ola migratoria que ha expulsado a casi 6 millones de personas.
El informe devela la afectación diferenciada en el acceso al derecho a la alimentación por parte de otros grupos vulnerables, como las personas privadas de libertad, las personas mayores y las mujeres.
Otros servicios y su relación con la inseguridad alimentaria
La capacidad de tratamiento y distribución del agua potable es hoy solo 40% de la capacidad que tenía el país en 1998. Además, la generación de electricidad ha caído 74%, por lo que durante el año 2021 se registraron 174.000 apagones que afectaron al 74,2% de la población.
Finalmente, la escasez de cilindros de gas para cocinar obligó a 5,4 millones de personas a cocinar con leña en 2021.
Provea y la FDIH consideran que el Estado venezolano debe iniciar un serio y sostenido trabajo conjunto con el sector privado y la sociedad civil para favorecer el diálogo y reactivar el sistema alimentario.
Además, debe incluir políticas que mejoren la producción de alimentos y su distribución y que favorezcan el poder adquisitivo de la población y el acceso a una alimentación adecuada.
