Las medidas contra la Comisión Nacional de Primaria son muestra de la política de represión contra el espacio cívico. Amnistía pide que cesen las inhabilitaciones.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer denunció que sigue la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra el espacio cívico en Venezuela. Una muestra de ello son las medidas tomadas contra lo organizadores de la primaria del pasado 22 de octubre.
…“El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas”, denunció Piquer.
Espacio cívico y organismos internacionales
Representes de la sociedad civil son quiénes han documentado casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y acompañan a las víctimas ante organismos internacionales para hacer las denuncias.
“Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad”, reza una nota públicada por Amnistía Internacional.
La próxima audiencia sobre Venezuela será los días 7 y 8 de noviembre. Tendrá interpretación al español y podrán asistir periodistas y representantes del espacio cívico venezolano.
Riesgo preelectoral
El pasado 12 de octubre, Amnistía presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertó que “organizaciones defensoras de Derechos Humanos advierten que los picos represivos de los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica están directamente asociados a períodos preelectorales y electorales”…
Antes esto, Amnistía pidió al Estado venezolano que:
- 1. Remueva todos los obstáculos legales y de hecho para garantizar la efectiva participación política de todas las personas sin discriminación, incluyendo por opinión política.
- 2. Se abstenga del uso de inhabilitaciones administrativas de forma discriminatoria en contra de personas candidatas a cargos de elección popular.
- 3. Ponga fin al uso de mecanismos de persecución y/o criminalización en contra de personas percibidas como opositoras políticas que tengan como objetivo participar en los asuntos públicos en el país.
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