Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, expresó que el incremento de la militarización de las fronteras en Perú para limitar el flujo migratorio pone en peligro los derechos humanos.
“El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas”, dijo.
Indicó que esta acción no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre el empleo de la fuerza, sino que deja el precedente de usar armas de este tipo «para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional».
Guevara Rosas agregó que las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan.
«Deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan», señaló.
Este 26 de enero el gobierno de Perú desplegó sus fuerzas armadas en la frontera con Ecuador para disuadir a la migración ilegal, que presuntamente se incrementó en las últimas semanas con la llegada clandestina de ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
