Al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la empresa de telecomunicaciones Movistar, filial de la española Telefónica, están afectadas por solicitudes del Gobierno venezolano, reveló el más reciente informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de Telefónica.
Ante esta situación, el observatorio de internet, Ve Sin Filtro, que monitorea, documenta y educa sobre derechos digitales; afirmó que estas intervenciones representan más del 20% de las líneas de teléfono de internet y que a su vez son las más altas que el resto de la región.
Ve Sin Filtro afirmó que en el país se ha hablado desde hace mucho tiempo sobre los llamados “pinchazos” en las líneas telefónicas. “Por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves; su uso debe ser acorde a los estándares de DDHH”, alertó la organización.
Algunas líneas son de las ONG
El director de Ve Sin Filtro, Andrés Azpúrua, en una entrevista concedida al medio Voz de América (VOA), aseguró que si bien no hay manera de saber a cuáles personas les interceptaron sus líneas telefónica, resaltó que algunas de las víctimas son actores cívicos y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
A su juicio, lo que más le preocupa de ese informe, es la cantidad de líneas afectadas. Adicionalmente, considera que ese hecho va mucho más allá del pinchazo telefónico; pues hay otro tipo de seguridad de la ciudadanía que también podría estar afectadas, entre esas, la ubicación física de las personas.
Por otra parte, el periodista y director de Medianálisis, Andrés Cañizalez, también expresó su preocupación ante esta situación porque asegura que es una “complicidad” de la empresa Telefónica que, a su vez, se puso a la disposición del gobierno venezolano.
“Estamos hablando de una empresa privada que se hace cómplice de un Estado policial”, expresó Cañizález a VOA.
“¿Qué presiones ejerce un gobierno como el chavista sobre la empresa privada; incluso como esta, que es una transnacional, con mayor capacidad de atajar las presiones?», agregó Cañizález.
Entretanto, la directora de Cofavic, Liliana Ortega, piensa que el Estado venezolano debería abrir una investigación para determinar la veracidad de esas denuncias.
A juicio de Ortega, si se comprueban estas denuncias, no solo estarían vulnerándose el derecho a la intimidad, sino también a la expresión e información.
