Este martes 13 de octubre los cancilleres de los países que integran el denominado Grupo de Lima tuvieron como punto principal de su agenda la situación de Venezuela.
Del país abordaron temas como las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el informe de la Misión independiente de determinación de los hechos de la ONU así como el impacto y efectos que va dejando la pandemia del Coronavirus en Venezuela y la realidad de la migración constante de venezolanos.
En su declaración final los diplomáticos rechazan la insistencia del gobierno de Nicolás Maduro de efectuar comicios que no tienen «ni las mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas”.
Llaman a otros países a desconocer los resultados que se vayan a proclamar el próximo 6 de diciembre por considerar que se trataría de un proceso fraudulento.
Por otro lado, instaron a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional que avance con mayor celeridad en su examen preliminar sobre la situación en Venezuela.
La canciller de Colombia Claudia Blum aseveró que «este nuevo Informe de la ONU se suma a documentos aportados previamente por diversas organizaciones no gubernamentales, líderes mundiales y la Organización de los Estados Americanos, y justifica que esta Corte proceda con la apertura de la investigación correspondiente».
El grupo considera que en Venezuela persiste una clara y sistemática violación de los derechos humanos y que se han cometido crímenes de lesa humanidad .
Pero en esta ocasión hubo una disonancia en la declaración en conjunto. Y es que el gobierno de Argentina no la suscribió al estar en desacuerdo por el apoyo que el grupo le dio al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En este punto, el gobierno de Alberto Fernández señaló que «la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.
De igual modo, la delegación argentina mostró su preocupación sobre lo que llaman la supuesta convocatoria de la instancia a una intervención extraregional «que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».
Sin embargo, en otro apartado del comunicado la cancillería de Buenos Aires reiteró su gran preocupación por la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en Venezuela a instó al gobierno de Venezuela emprender las investigaciones correspondientes y castigar a los responsables.
También admitió que es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU el organismo encargado desde el ámbito internacional de trabajar en coordinación con el ejecutivo nacional en esta materia.
El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo de votar a favor de Venezuela en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que a la final resolvió renovar el mandato de la Misión de Determinación de los hechos por dos años más.
