El pasado viernes 4 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una medida de intervención de la Cruz Roja Venezolana (CRV), en respuesta a una solicitud de medida cautelar interpuesta por el fiscal general impuesto por la ilegal asamblea nacional constituyente.
La solicitud de la medida cautelar, a su vez, se produjo después de que Diosdado Cabello formulara denuncias en contra del presidente de la CRV en su programa del 19 de julio. De esta manera, una vez más se reproduce el patrón de denuncias televisadas por parte de Cabello que son inmediatamente acogidas por el Ministerio Público y trasladadas a la justicia.
El viernes siguiente, la misma Sala Constitucional del TSJ decidió un recurso de amparo que condujo a la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y al nombramiento de una nueva directiva en la organización política más antigua del país.
Esta fue la culminación de un proceso que se inició cuando el partido comunista, aliado del oficialismo desde la primera hora, comenzó a disentir de las posiciones del poder ejecutivo. El amparo, adicionalmente, habría sido promovido por personas ajenas al partido que no tendrían cualidad jurídica para ejercer la acción.
En junio de 2020, el TSJ había suspendido a la directiva de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia y en julio del mismo año intervino el partido Voluntad Popular, En tanto que en 2019 había impuesto una nueva directiva en el partido socialcristiano COPEI y, con anterioridad, en 2015, había intervenido al partido Podemos, designando como su presidente a un abierto aliado del oficialismo.
También contra las universidades
Por otra parte, según un informe de la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, solo entre 2012 y 2015, la Sala Electoral del TSJ dictó 43 sentencias que afectan procesos electorales en universidades del país.
De hecho, la Sala Electoral del TSJ dictó una medida que suspendió las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) previstas para 2011 y no fue sino hasta junio de 2023 cuando finalmente se celebró una nueva elección de autoridades en esa casa de estudios.
En el espíritu de la política de cohabitación que se ha impuesto tácitamente entre el gobierno y actores de la oposición, que también incluye a algunos sectores de la sociedad civil, se observa que en la junta interventora de la CRV no solo hay un expresidente de Fedecámaras (organización que agrupa al empresariado de Venezuela) sino la vicerrectora de la recién electa directiva de la UCV.
Funciona la cooptación
De esta manera, a la imposición de restricciones por la vía judicial, se suma la cooptación de personas con cierta representatividad para darle un barniz de legitimidad a decisiones arbitrarias.
Así, la asfixia no se produce solo por la privación progresiva de oxígeno, sino por la sumisión de sectores de la misma sociedad civil que han decidido dosificar sus críticas para aprovechar burbujas políticas como supuestas oportunidades que se revierten en contra de los pocos espacios independientes que subsisten en el país, ya sea de manera inadvertida o a pesar de estar conscientes de que se trata de una instrumentalización que degrada la institucionalidad.
Lo que no se logra por ninguna de estas dos vías, se impone mediante el uso de leyes inconstitucionales como la ley contra el odio y la ley antiterrorismo, a las que se recurre constantemente como herramientas de represión política, como en los casos del periodista Roland Carreño, el defensor de derechos humanos Javier Tarazona y los seis luchadores y sindicalistas detenidos desde julio de 2022 y recientemente sentenciados a 16 años de prisión.
Ha sido un proceso largo pero sostenido de cierre del espacio cívico que pasa además por otras normas restrictivas y prácticas que imponen barreras para la existencia legal de las organizaciones sociales de carácter independiente y críticas de las arbitrariedades de la dictadura.
La comunidad internacional debe tener presente que, sin la estridencia de Ortega en Nicaragua, Maduro apunta a lo mismo: la asfixia de la sociedad civil.
Que las decisiones en Venezuela salgan del TSJ o de otros tribunales no las hace diferentes en sus efectos a las que salen de la pluma de Ortega, pues el resultado es similar, por lo que las alarmas deben encenderse con la misma determinación.
Este artículo fue publicado originalmente en la web de AlertaVenezuela
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