Tal como se esperaba para este jueves 11 de marzo la Alta Comisionada para los Derechos de la ONU Michelle Bachelet presentó su informe actualizado con respecto a la situación de Venezuela en este campo en la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos.
Uno de los primeros puntos que resaltó es que su Oficina en el país sigue recibiendo denuncias sobre la comisión de ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos de seguridad y ante lo cual le exige a las autoridades venezolanas investigaciones rápidas e independientes en el marco de la anunciada reforma policial para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Mención especial hizo de la masacre de La Vega, Caracas, a principios de enero de este año, donde al menos, según reseña, murieron 14 personas a manos de efectivos policiales.
Escasez de servicios e inseguridad alimentaria
El tema del acceso a servicios básicos como agua, asistencia médica, gas doméstico, alimentos y gasolina también estuvo en esta agenda de Bachelet.
Reseñó que desde el mes de septiembre de 2020 la escasez de todos estos renglones se ha profundizado mucho más por efectos de la pandemia limitando a los ciudadanos su goce y disfrute. Situación que ha generado protestas sociales y agravamiento de la emergencia humanitaria.
En relación al ingreso salarial de los venezolanos destacó que según los datos que le han aportado el promedio mensual es de menos de 1 dólar estadounidense mientras que el aumento de la canasta básica de alimentos ha aumentado en 1.800% en un año.
Y en ese sentido, afirmó, alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Naufragio de Güiria
Sobre la muerte de 28 migrantes en el conocido naufragio de Güiria en diciembre de 2020 la alta funcionaria de Naciones Unidas manifestó que este tipo de casos es un recordatorio de las decisiones que algunas personas se ven obligadas a tomar con los consecuentes delitos de tráfico y trata de migrantes.
Admitió que en su momento el Fiscal General de la República reveló las prácticas de soborno, intimidación y amenaza a las víctimas.
Presos políticos
«Un país es juzgado por cómo trata a sus vulnerados, incluyendo sus detenidos». Con esta premisa tocó el tema de los presos políticos y el resto de la población penitenciaria en los centros de reclusión en toda Venezuela.
En ese sentido, expresó que le preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, anemia, desnutrición y otras enfermedades.
Urgió al gobierno a garantizar una alimentación y atención médica adecuadas como medida crucial «para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco», indígena pemón que murió en enero de 2021.
Reiteró su llamado incondicional de todos los detenidos arbitrariamente y solicitó de nuevo el acceso de los integrantes de su Oficina a los centros de detención judicial.
Reducción del espacio de la sociedad civil
Otra de las preocupaciones de la Alta Comisionada es la imposición de medidas restrictivas para la capacidad de actuación de las ONG «incluida la congelación de activos, pido que se reanuden los proyectos suspendidos».
Y de seguidas mencionó que le inquieta la reducción del espacio cívico y reveló que desde septiembre del año pasado su equipo en el país ha documentado 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización a periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales, y miembros o partidarios de la oposición incluidas las personas electas en la AN de 2015 y sus familiares.
El caso particular de los 5 miembros de Azul Positivo también tuvo cabida en este informe al señalar que siguen con cargos relacionados al terrorismo y blanqueo de dinero «por haber prestado asistencia humanitaria como parte del plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas».
Confesó que más ONG «siguen siendo investigadas por motivos similares».
Intimidación a periodistas y cierres de medios de comunicación
Reseñó también 3 procedimientos que se practicaron en el mes de enero contra medios de comunicación con la incautación de equipos, cierre de oficinas, intimidación al personal y se suspendieron emisiones.
Bachelet fue dura al indicar que «la sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realicen actividades legítimas y esenciales», acción que no contribuye a apaciguar las tensiones existentes sino que las exacerban.
En este mismo plano del trabajo periodístico informó que su Oficina documentó 15 casos de acoso en las pasadas elecciones legislativas de diciembre de 2020.
Además de la sustanciación de declaraciones que condicionaban el acceso de programas sociales al ejercicio del voto.
Futuras elecciones y nuevo CNE
Y precisamente de cara a los futuros eventos electorales le recordó a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública «incluyendo las voces disidentes».
Como punto final remarcó que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral es una prueba para la credibilidad para las próximas elecciones y al tener una amplia participación ciudadana en el evento será garante de su autenticidad.
