La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet, realizó este viernes 25 de septiembre la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el pleno de la sesión número 45 del Consejo de DDHH.
Empieza rememorando que el 14 de septiembre reconoció en el ítem 2 de ese informe la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con su Oficina.
En ese sentido, ratificó que su equipo seguirá brindando asistencia técnica al Gobierno.
Su Oficina en Venezuela siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Registraron la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos.
En este informe oral Bachellet destaca que se prosiguió con la práctica de restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la Ley contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Dijo preocuparle el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares.
Sobre los centros de detención en el país reiteró su llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Aunque reconoció que en estos sitios se están implementando protocolos de bioseguridad relacionados a la protección contra el Coronavirus.
Hace mención especial al número de profesionales de la salud que han muerto por COVID-19 al remarcar que gremios sanitarios y ong en este ámbito le han reportado que el 33 por ciento «de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales».
La pandemia que se sumó a la crisis pre existente
La Alta Comisionada admite que antes de la llegada de la pandemia en Venezuela ya habían crisis pre existentes.
En ese sentido, acota que «Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo».
Volvió a tocar el tema de las sanciones al apuntar que las amenazas que se ciernen sobre las dificultades para las importaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales.
Por esta razón, repitió su exhortación a levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia.
Ejecuciones extrajudiciales
En el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales le dedica un apartado especial asu preocupación por los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
Basado en un análisis de fuentes abiertas, su Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020.
Este fue uno de los renglones que investigó la Misión independiente de determinación de los hechos de la ONU en un período de un año.
Si consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos comunicadores populares en el estado Zulia el 21 de agosto.
Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por su Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento.
Sobre la materia electoral
Otra de las preocupaciones que reflejó en su intervención fue la de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que, según su consideración, obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otra parte, cuestionó la modificación por parte del CNE del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa.
La funcionara señala que es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos.
Finalmente hizo un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
