Brasil | La Iglesia denuncia violencia de la policía contra migrantes venezolanos

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La Diócesis de Roraima y 150 instituciones sociales y eclesiales se pronunciaron sobre el desalojo de 70 migrantes venezolanos por la policía brasileña, hecho ocurrido en Pacaraima, ciudad de la frontera amazónica entre Brasil y Venezuela. Foto: Cortesía

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), dio a conocer a través de su página web que, en Pacaraima, la ciudad por donde entran la mayoría de los migrantes venezolanos en Brasil, la Policía desalojó a 70 migrantes venezolanos.

La gran mayoría de las personas desalojadas son mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños, de la Casa de Acogida San José, coordinada por las Hermanas de San José y la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Roraima.

En una nota divulgada este 19 de marzo, el Obispo de Roraima, Monseñor Mario Antonio da Silva, junto con la coordinadora de la Vida Religiosa en la diócesis, Hermana Aurelia Prihodova, y el coordinador de las Pastorales Sociales, Hermano Danilo Correia Bezerra, calificaban el acto policial como algo “violento, desproporcional y sin mandato judicial”.

Solidaridad de la Iglesia con los migrantes

Desde el inicio de la crisis migratoria, en el municipio de Pacaraima, la Diócesis de Roraima ofrece desde hace años un servicio de acogida humanitaria a los migrantes.

A menudo, como denuncia el texto, “se está cubriendo el vacío dejado, irresponsablemente, por el Estado, en un contexto de desatención y abandono de la vida”, considerando que es inadmisible que se les criminalice por ello.

En Pacaraima y en general en el Estado de Roraima, no solo los migrantes como también aquellos que llevan a cabo acciones humanitarias en su defensa, suelen ser perseguidos y amenazados.

La Diócesis de Roraima muestra su solidaridad “con las hermanas y hermanos agredidos”, al tiempo que “exige respeto y protección para ellos y garantías de derechos y de vida para los migrantes y refugiados”.

En esa misma línea, casi 150 instituciones sociales y eclesiales se pronunciaron el mismo día 19 ante los hechos ocurridos en Pacaraima.

La nota recoge cómo los responsables de la casa de acogida, en este caso una religiosa, fueron llevados a comisaría, reteniendo indebidamente sus aparatos telefónicos.

Los firmantes piden que se tomen medidas ante las “sucesivas y gravísimas violaciones de los derechos de la población migrante y trabajadores humanitarios”.

Ayudar a los migrantes no es un crimen

Las instituciones denunciaron que ayudar a los migrantes no es un crimen y sí un acto de humanidad, algo que se lleva a cabo “porque el poder público no lo hace o lo hace de forma precaria y limitada”.

Los migrantes fueron amenazados con la deportación, siendo violadas leyes internacionales, causando “un gran temor en la población migrante y refugiada, que, aterrorizados, acaban por no acudir a servicios esenciales”.

Recordando “que el acto de migrar nunca puede ser caracterizado como ilegal, sino como un derecho humano universal”, expresaron en el comunicado.

Al mismo tiempo afirmaron que la asistencia social y humanitaria prestada a los inmigrantes en situación irregular por entidades de la sociedad civil tampoco es ilegal.

En este sentido solicitan que se respeten a “las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores humanitarios” en sus actividades.

Nota de prensa: vaticannews