El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello da a conocer un comunicado en el cual sienta posición en torno a los recientes hechos calificados como vulneradores de derechos humanos en Venezuela durante este período de cuarentena social.
Manifiesta el CDH-UCAB que estas acciones se han producido en el marco de la vigencia del decreto de estado de alarma nacional dictaminado por el ejecutivo nacional para enfrentar la propagación del COVID-19 en el país.
Señala el documento que en un contexto crítico que suma la ausencia de contrapesos institucionales y una emergencia humanitaria compleja preexistente; la implementación de una nueva excepcionalidad aumenta el riesgo general sobre la población, que carece de acceso a bienes y recursos básicos, y también ejerce contraloría sobre los asuntos de interés público, hace política y expone su inconformidad.
Agrega que la participación como derecho es vulnerada desde hace varios años a partir del desmantelamiento progresivo del Estado de Derecho y la falta de independencia entre los poderes públicos, lo que se agudiza ante el recrudecimiento de la crisis estructural.
Y advierte el Centro de Derechos Humanos que la pandemia del COVID-19 como nueva emergencia no puede ser una excusa para profundizar en la violación sistemática de derechos humanos.
Entre los hechos que reseñan como señales visibles de violación de derechos fundamentales mencionan los siguientes:
1. El 14 de marzo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se llevaron de su casa al diputado Tony Geara, sin orden judicial.
En la noche del 17 de marzo fue presentado en el Tribunal Segundo de Control, ante la jueza Niurka González, quien le imputó tráfico de armas de guerra y municiones, tenencias de artefactos explosivos y legitimación de capitales, y ordenó la privativa de libertad.
De acuerdo a lo indicado por la diputada Olivia Lozano, Geara fue detenido el sábado 14 en la tarde, pero solo le permitieron comunicarse con su familia a la medianoche del 15 de marzo; el diputado está recién operado y sufre de hipertensión, para el momento de la detención tenía varios días con fiebre, cansancio y dificultad respiratoria.
2. El 29 de marzo Rómulo García y Víctor Silio, quienes laboran con el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, fueron interceptados en la urbanización La Tahona, en Caracas, y detenidos por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El cuerpo de seguridad señaló que presuntamente les fueron incautadas, un arma de fuego y droga
La diputada Adriana Pichardo denunció que en la madrugada del 30 de marzo, las FAES irrumpieron en la residencia de Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, miembro del equipo de trabajo del diputado Guaidó.
Pichardo señaló que los efectivos golpearon a los miembros de la familia.
Más tarde, Bianchi fue raptada en horas de la mañana por sujetos armados y liberada posteriormente.
3. El jueves 2 de abril, otros dos miembros del equipo de trabajo de Juan Guaidó fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): Maury Carrero y Demóstenes Quijada.
Más de 15 funcionarios ingresaron a la fuerza en los domicilios, en horas de la madrugada y de la mañana, respectivamente. A la fecha se desconoce el paradero de ambos.
Hay que agregar que en una audiencia llevada a cabo este sábado 4 de abril, el tribunal Segundo de Terrorismo dictaminó privativa de libertad contra Demóstenes Quijada.
Le imputan los supuestos delitos de terrorismo, asociación, ocultamiento de armas y explosivos y ocultamiento de menor cuantía de drogas.
Plan «Furia Bolivariana»
En otro apartado los activistas de este centro de derechos humanos denuncian que luego del anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de altos funcionarios del gobierno venezolano, varios de estos personeros han «amenazado» a dirigentes políticos de oposición y activistas de derechos humanos con sus declaraciones al nombra el plan de la «Furia Bolivariana».
En concreto, señalan que «el domingo 29 de marzo, sedes de partidos políticos opositores, así como las fachadas de las residencias de activistas, dirigentes partidistas y diputados de la Asamblea Nacional, o sus familiares, amanecieron con pintas o graffitis con mensajes de intimidación, firmados por “la furia bolivariana”.
«Al menos 15 personas, entre diputados/as, activistas y periodistas fueron amenazados bajo esta modalidad, además de la sedes regionales de partidos de oposición».
Sus exigencias
En la parte final del comunicado exhortan al ejecutivo nacional y a las instituciones del Estado atender las siguientes exigencias.
- Cesar la persecución en represalia por el ejercicio legítimo de los derechos humanos, entre ellos a la participación y a la libre expresión que siguen estando vigentes aún en estados de excepción.
- Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por las acciones represivas, detenciones arbitrarias y privaciones ilegítimas de libertad, antes y durante la vigencia del estado de emergencia.
- Acabar con las prácticas intimidatorias y el discurso estigmatizante hacia quienes cuestionan, critican o se oponen al gobierno.
- Evitar declaraciones hostiles que buscan inhibir el debate público.
Comunicado UCAB by Oficina Nacional on Scribd
