Llegó a su fin el Título 42, norma que en su momento aprobó Donald Trump teniendo la pandemia de lacovid-19 como trasfondo. Cuestionada por los demócratas, cuando eran oposición, el gobierno de Joe Biden terminó haciendo lo que le criticó a su antecesor, expulsar “en caliente” a migrantes sin documentación para restringir las solicitudes de asilo al pisar territorio de EEUU.
En la segunda parte de su gobierno de cuatro años, y tras el anuncio de que buscará la relección en 2024, es bastante improbable que este año o el que viene el gobierno de Biden y el Congreso de Estados Unidos, bastante dividido en torno al tema migratorio, logren desarrollar una nueva política que sea coherente, en materia de derechos humanos, y efectiva, en términos de atender la crisis que caracteriza en estos tiempos a la frontera entre México y EEUU.
Al quedarse sin efecto el Título 42, básicamente se vuelve a lo que existía antes, el Título 8, pero con algunos ajustes administrativos. Ambas decisiones, la de Trump y ahora la de Biden, apuntan a lo mismo: impedir que una persona sin documentación pise territorio estadounidense y active un proceso para pedir asilo o para regularizar su estatus migratorio.
El Título 42 tuvo excepciones en su aplicación, al llegar Biden al poder, y por esa rendija de permisividad se potenció el cruce de miles de venezolanos, pero también de cubanos y haitianos, y de otras nacionalidades, en travesía que se iniciaba al atravesar el Tapón del Darién y que debía sortear diversas dificultades a lo largo y ancho de Centroamérica y México. En algún momento, llegar a la frontera y lograr pisar suelo de EEUU fue garantía de protección y de ingreso.
En octubre del año pasado las expulsiones a un tercer país, básicamente devoluciones a México, se hicieron parte de las medidas acordadas por la Casa Blanca. El Título 42 languidecía y algunos voceros pronosticaban que se trabajaba en una política migratoria, cosa que no ocurrió. El gobierno de Biden le puso un “parche”, un nuevo esquema de impedimento y sanciones a una norma ya existente antes de la COVID-19, el Título 8.
En síntesis, quienes pisen territorio de Estados Unidos y soliciten protección, incluso si están siendo perseguidos o amenazados, no serán atendidos si antes no procedieron a tramitar una solicitud en un tercer país. La Casa Blanca busca desalentar el ingreso por vía terrestre y que las personas, como venezolanos, cubanos o haitianos, que tienen razones de peso para pedir protección, hagan un trámite previamente sin haber ingresado aún a Estados Unidos.
Los trámites en línea deberán hacerse con anticipación a través de la app CBP One, que en su momento explicamos en otro artículo publicado por El Estímulo. Llegar a territorio estadounidense y no haber realizado el trámite previamente acarreará una restricción de hasta cinco años para ingresar a EEUU.
La historia tras la política migratoria de EEUU
De 1987 data la última política migratoria integral por parte de Estados Unidos, ya que el Título 42 se presentaba como una respuesta temporal ante la emergencia por la covid-19, y el Título 8 ha tenido varios remiendos administrativos y no aborda la complejidad del fenómeno. Eran los tiempos de Ronald Reagan como presidente, pero éste pese a su carácter conservador, antes había sido gobernador de California, un estado cuya productividad agrícola está afincada en la migración de mano de obra temporal, que provee una histórica y sostenida migración mexicana.
El 1 de enero de 1987 entró en vigencia la Ley de Reforma y Control de Inmigraciones, que abrió paso a una nueva era en la dinámica migratoria de mexicanos hacia Estados Unidos. Esta ley, aprobada por un acuerdo entre demócratas y republicanos, tuvo como telón de fondo la agudización de una crisis económica prolongada en México y trató de satisfacer las demandas de varios sectores, incluyendo a cultivadores y empleadores de EEUU, bajo un esquema en el cual era necesaria la mano de obra migrante para determinadas actividades laborales en territorio estadounidense. Esta reforma abrió paso a la regularización de migrantes mexicanos sin documentación dentro de Estados Unidos.
Desde entonces, es decir por más de 35 años en Estados Unidos no se ha abordado el tema migratorio de una manera integral. La actuación oficial, especialmente en este siglo XXI, pasó de cerrarse y restringir acceso a los extranjeros, como respuesta a los ataques contra las Torres Gemelas de 2001, a medidas de expulsiones en los años Barack Obama, luego con Trump y más reciente con Biden.
Sigue siendo una asignatura pendiente lo que entendemos como el meollo del asunto, que debería enfocarse en cómo lograr una migración por vías legales que dé respuesta a una creciente demanda humanitaria, junto a una política de asilo que respete a las personas perseguidas y les dé respuestas oportunas tanto a las solicitudes como al trámite en su conjunto.
En un primer momento, tras el fin del Título 42, se observa una disminución en el número de personas migrantes en las inmediaciones de la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, mientras persistan condiciones adversas que expulsan a los ciudadanos de países como Venezuela, Cuba o Haití, los venezolanos, cubanos y haitianos seguirán tratando de ingresar a Estados Unidos. La razón, no podemos obviarla, en América Latina la mayoría de países atraviesan crisis de menor o mayor calado, sin posibilidades de absorber a una población migrante masiva.
Andrés Cañizález es periodista y director de Medianálisis. @infocracia
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