Según un estudio develado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), casi 40% de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe fueron desalojados durante la pandemia.
La “Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela”, realizada por el Sector Regional de Protección de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), reveló que 39,8% de los entrevistados fueron desalojados y 38,1% están en riesgo de serlo.
De acuerdo con la investigación esto incrementó las posibilidades de que los migrantes venezolanos vivieran en la indigencia y evidenció las condiciones irregulares en las cuales se encuentran.
“Con esto nos damos cuenta de la magnitud y dinámica de los desalojos en la región. Además, cinco de cada 10 personas que manifestaron ser desalojadas están en situación migratoria irregular”, dijo durante la presentación del documento Juan Betancourt, consultor para el informe de desalojos del Sector Regional de Protección de R4V, a través de una rueda de prensa virtual.
La encuesta encontró que el 86,6% de los hogares encuestados pertenecen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que tienen o tuvieron contratos de arrendamiento o de préstamo sobre sus viviendas. De estos hogares, el 76,9% pagan con recursos propios y solo un 10,4% proviene del apoyo de gobierno o un organismo humanitario.
Además, el 73,7%, acuerdan contratos verbales. Solo el 12,9% tiene contratos de arrendamiento escritos.
¿Por qué son desalojados?
La investigación da cuenta de que los tres principales motivos por los que inmigrantes y refugiados consideran se encuentran en riesgo de desalojo son, en su mayoría (87%), por la incapacidad de pago de los arriendos de sus viviendas; un 36% señala que están en riesgo por incapacidad de pago de los servicios básicos de sus viviendas; y como tercer motivo, señalaron que es la discriminación que viven por ser venezolanos, con más del 17% de los encuestados.
Las familias se ayudan entre ellas para evitar quedarse en la calle, pero esto denota el hacinamiento que pueden vivir, con condiciones precarias.
En caso de ser desalojados, el 74,7% expresó que el impacto podría verse reflejado en quedar en la calle, el 60,5% aludió al riesgo del contagio del COVID-19 y el 45,7% refirió la falta de acceso a los servicios públicos.
Con información de El Nacional y Voz de América.
