CIDH condenó “brutalidad y abuso” policial en Colombia

Así quedó Villa Luz luego de las protestas/Foto: A&S

Este jueves 10 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó “enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial” registrados recientemente en Colombia.

Específicamente se referían al caso del abogado Javier Ordoñez, que el martes 8 murió a “consecuencia de los golpes y descargas eléctricas propinadas por agentes policiales mientras se encontraba sometido en el piso”, en la localidad de Engativá, Departamento de Cundinamarca.

Reseñaba la CIDH que “el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”, en clara alusión a  los sucesos en Colombia.

También se refirió a las protestas contra la violencia policial registradas debido a este caso en varias ciudades del país negogranadino, en las que al menos ocho personas han perdido la vida y decenas más resultaron heridas.

“Todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados”, señaló la Cidh, que recordó que es deber del Estado “garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación en Colombia”.

La muerte de Javier Ordóñez

El abogado, de 46 años y padre de dos hijos pequeños, falleció en una clínica a la que fue trasladado después de que dos policías lo doblegaran con brutalidad y el uso prolongado de pistolas eléctricas Táser delante del edificio donde vivía.

El caso ha causado profunda indignación en Colombia por la brutalidad de los agentes en este episodio, muy similar al del afroamericano George Floyd, que en mayo pasado fue estrujado por policías de Minneapolis (EE.UU.) y murió horas después en un hospital.

“Por favor, ya”, “agente, le ruego”, se le escucha decir a la víctima, ya inmovilizada en plena calle por los dos policías que intentaban arrestarlo después de un altercado, al parecer por estar bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes, que estremecieron a los colombianos, fueron grabadas por testigos del abuso policial que incluso le pedían a los agentes que no le causaran más daño a la víctima, sin obtener respuesta.

Disturbios en Villa Luz

Este miércoles fue convocada una manifestación en Villa Luz en las redes sociales por personas que pedían ir de manera pacífica hasta el CAI del barrio para exigir justicia, pero la situación pronto se salió de control.

Los desórdenes obligaron a los comerciantes del barrio a cerrar sus negocios y la Policía envió el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para restaurar el orden.

Decenas de manifestantes que reclaman justicia en el caso del abogado Javier Ordóñez, se enfrentaron este miércoles con la Policía en la calle donde estuvo detenido Ordoñez antes de ser llevado a un hospital en Bogotá.

Al grito de “asesinos, asesinos”, unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, lanzaron piedras, pintura y otros objetos contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el occidente de la capital colombiana, al que estaban asignados los dos policías implicados en el hecho.

Los manifestantes atravesaron ramas de árboles en la vía pública y algunos usaron las patinetas en las que llegaron hasta el lugar para golpear los vidrios del cuartel policial mientras un escuadrón antimotines intentaba poner orden en la situación.

En medio de la agitación fue incendiada una motocicleta y atacado un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, que es la encargada de esclarecer los hechos que condujeron a la muerte de Ordóñez.

Esta es la segunda ola de violencia que ha envuelto a Colombia en las últimas semanas.

Recientemente una andanada de hechos violentos en varias localidades rurales del país ha dejado una veintena de muertos en los últimos días, cuyos familiares denuncian que no son asesinatos colectivos sino unas verdaderas masacres.

Por otro lado, organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado que hasta la fecha grupos armados han asesinado a más de 150 líderes sociales, comunitarios e indígenas sin que hasta los momentos el Estado colombiano implemente las investigaciones de rigor.