Comerciantes de Apure denuncian aumento de hasta 4 mil por ciento de tarifas eléctricas

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Foto: archivo

Los comerciantes y encargados de instituciones no gubernamentales del estado Apure siguen pegando el grito al cielo. Y no es porque quieren prolongar el festejo por la llegada del año nuevo. La razón es porque sin anestesia los recibos del servicio eléctrico están llegando con montos impagables, totalmente inalcanzables para las pocas ganancias que han obtenido.

La señora Zaida Chaparro, dueña de una farmacia en San Fernando, contó que hasta el mes de setiembre de 2020 pagaba entre 200 mil y 300 mil bolívares por la tarifa.

«Pero desde octubre esos montos se dispararon de manera desproporcionada. Solo en diciembre tuvimos que pagar casi 60 millones de bolívares, o 60 dólares ahora, con todo y que racionamos el uso de aires acondicionados en la farmacia».

Chaparro también se quejó porque desde Corpoelec «no explican cuál es la razón de estos incrementos exorbitantes, y usted tiene que tomar en cuenta que este año que culminó ha sido terrible para el comercio por esto de la pandemia, las ganancias han sido muy pocas, todos los días nos aumentan los precios de las medicinas, en nuestro caso, y de otros insumos y servicios».

Agregó que esta situación no solo la padece su farmacia en San Fernando «sino también otras farmacias que incluso han tenido que despedir trabajadores para poder pagar el recibo porque no pueden con la carga, además nosotros somos uno de los sectores esenciales que no podemos cerrar y por eso pedimos consideración al respecto.

Habla la Cámara de Comercio

Por su parte, en nombre de los comerciantes también se pronunció el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios del estado Apure, Vito Vinceslao, indicando que los aumentos exorbitantes en la facturación del servicio eléctrico se vienen registrando a partir del mes de octubre, lo que representa un incremento del 4 mil por ciento.

«Antes usted pagaba como máximo 3 millones de bolívares por el servicio pero desde octubre del año pasado esa cifra se incrementó fuertemente hasta el punto que ha habido comerciantes que les ha tocado pagar entre 300 y 400 millones de bolívares, es decir, unos 400 dólares».

Para Vinceslao la mejor prueba de lo que están denunciando «es que esos montos vienen reflejados en las facturas de Corpoelec, no son inventos nuestros, de hecho, si no pagamos te cortan el servicio».

Y en este caso dice que se presenta otra irregularidad «porque cuando uno cancela el servicio electrónicamente por la página de un banco te aparece que a quien le estás pagando es a la Electricidad de Caracas y no a Corpoelec, de verdad que no se entiende esta situación».

Foto: Alexander Medina

Otro de los problemas que refleja el comerciante es que no solo padecen los aumentos sino que además los servicios de electricidad, de conectividad y telefónico no mejoran.

«No solo es el problema de los incrementos, que en el fondo uno hasta puede entenderlo porque es necesario, sino que a pesar de pagamos eso, pagamos impuestos municipales, que también han aumentado en más del 800%, los servicios no mejoran, por el contrario, cada día son peores».

Indicó que dentro del gremio se están organizando para reunirse con autoridades de Corpoelec y CANTV «para ver si podemos llegar a soluciones porque así, y en medio de las restricciones de trabajo por la cuarentena, estamos a las puertas de cierre técnico de la mayoría de los comercios en todo el estado».

Los incrementos en estos servicios públicos no han sido oficializados formalmente ni por Corpoelec ni por Cantv.

Instituciones educativas que no pertenecen al sector gubernamental también sufren los rigores de estos aumentos.

Varias de estas organizaciones han tenido que gestionar repentinamente hasta más de 500 millones de bolívares para cancelar solo un mes del servicio eléctrico.

Pero en la práctica quien no pague los altos momentos corre el riesgo de que le corten la luz o el teléfono.

En definitiva, a la calladita, para los comerciantes, esto se trata de un solapado proceso de privatización de la mayoría de los servicios públicos, pero sin previo aviso y sin anestesia.