Este martes 5 de mayo fueron condenadas a 30 años de prisión tres personas que fueron detenidas en el 2022, vinculadas por los cuerpos de seguridad a los llamados “falsos positivos” conocidos como Tancol.
Los sentenciados a la pena máxima en Venezuela por un tribunal de terrorismo en Caracas son los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador, además de la ciudadana María Laura Rondón.
La señora Nurys Villamizar, madre de los dos jóvenes condenados, denunció que los condenados son acusados por “falsos positivos de las operaciones contra los Tancol”.
“Necesitaban mostrar números y agarraron a gente inocente, las torturaron para que asumieran delitos que no cometieron, los desaparecieron, no le garantizaron su derecho a la defensa, y ahora los tribunales están condenando a todos a 30 años. Basta de injusticia, exigimos amnistía para todos”, comentó.
Meses antes recibieron la misma pena otras personas privadas de libertad por esta causa, entre ellos María Gregoria Gómez (cocinera), Luis Silfredo Domínguez, Ángel Eduardo Cañas e Hiller José Bohórquez (trabajadores de una finca).
El comité especial de familiares que se conformó para este sonado caso documentó “en los últimos dos meses, 67 casos ocurridos, en su mayoría entre 2021 y 2022”.
“Las víctimas son personas pobres, de sectores alejados de las capitales, de los estados fronterizos, Apure y Táchira específicamente, muy vulnerables ante los cuerpos de seguridad y los grupos irregulares”, explicaron en uno de los informes.
Por su parte, Oglis Ramos, hermano de Jhonny José Ramos, detenido en 2021 en la parroquia Guasdualito del municipio Páez de Apure, también reclamó que “es una justicia penal clasista, que se ensaña contra los pobres”.
“Puede detenernos, hacernos un montaje con pruebas falsas, torturarnos, acusar a campesinos, trabajadores, ordeñadores, cocineras, de terroristas, porque sabe que en la frontera es muy difícil denunciar, porque no tenemos poder o dinero para hacernos oír, porque tenemos miedo a represalias”.
Los escuchan por un lado, pero los sentencian por el otro
En los últimos dos meses, los familiares agrupados en este Comité presentaron sus testimonios ante el Programa de Paz y Convivencia Democrática, ante la Defensora del Pueblo y ante la Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Según ellos, en todas estas instancias han encontrado receptividad y disposición a evaluar los casos; pero alertan que en los tribunales de terrorismo se siguen condenando a sus familiares, con las penas más altas. También han solicitado, sin éxito, audiencia a la Comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza.
Antonio González Plessmann, co-director del colectivo de derechos humanos Surgentes, expuso que “hay distintas vías para comenzar a disminuir los daños que una justicia clasista, que criminaliza la pobreza, ha ocasionado a estas familias”.
“La más adecuada, nos parece, es que sean amnistiados y puedan recuperar libertad plena lo más pronto posible”, sentenció.
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