A pesar de que, tras haber transcurrido más de 25 días de su aprehensión, los familiares de las personas detenidas en Apure albergaban la esperanza que sus seres queridos permanecieran en los centros de detención preventiva del estado, el traslado a las cárceles de máxima seguridad del país se consumó, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro.
El viernes, 30 de agosto, el día del apagón nacional, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, trasladaron al primer grupo de Apure rumbo a la cárcel de Tocorón, estado Aragua, a más de 300 kilómetros de San Fernando y a casi mil kilómetros de Páez, el municipio apureño más distante, de donde también hay personas detenidas.
El temor del traslado ya estaba sembrado entre los detenidos. “Nos mandaron a cambiar el uniforme y ayer (miércoles 28) nos rasparon la cabeza a todos los detenidos, estamos pidiéndole a Dios que no, pero posiblemente nos van a cambiar para la cárcel de Tocorón, nos van a sacar del estado Apure, pero todo está en manos de Dios”, se escuchó en un audio de uno de ellos, dos días previos a la movilización.
Las propias autoridades regionales confirmaron el traslado
Eduardo Piñate, entonces gobernador del estado Apure, y ahora nuevo ministro del Trabajo, informó días atrás en un acto público ese mismo viernes: “Ya están desde hace varios días yendo a ocupar sus nuevas habitaciones en los nuevos penales que han sido acondicionados para ellos, incluso, desde Apure ya, salió un lote hacia Tocorón de esos terroristas y fascistas”.
El miércoles 4 de setiembre, Ramón Cabeza, secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la policía de Apure, confirmó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que ese viernes 30, en horas de la madrugada, fueron trasladados 29 detenidos en el contexto de manifestaciones postelectorales al conocido penal de Tocorón.
Imputados por terrorismo e instigación al odio
Cabeza aseguró que todos los trasladados son hombres y que en varios centros de detención preventiva de la entidad apureña quedaron 10 damas, detenidas también en las mismas circunstancias. Entre ellas, está la exfiscal del Ministerio Público Rosa Mota y otras mujeres activistas de la oposición regional.
Información que confirmó la ong Una Ventana a La Libertad, UVL, a través de su página web. “En esta oportunidad las mujeres encarceladas por estos mismos delitos se mantienen recluidas en los distintos CDP asignados para continuar con las investigaciones de rigor correspondientes”.
A todos los privados de libertad en esta región llanera, 39 según los datos oficiales, se les imputaron los presuntos delitos de instigación al odio y terrorismo, versión que niegan sus familiares, conocidos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Así mismo, Cabeza informó que “a las 7:30 de la mañana (del viernes 30) todos los privados de libertad fueron recibidos en Tocorón, donde se podrán establecer visitas y canalizar los procedimientos correspondientes”.
“Se conformó una comisión de 58 funcionarios custodios, utilizando tres unidades Yutong de 25 puestos y tres unidades de radio patrullas, distribuidas de la siguiente manera: 12 funcionarios, 1 Yutong y 1 radio patrulla de la Policía del Estado Apure; 22 funcionarios, 1 Yutong y 1 radio patrulla, de la Policía Nacional Bolivariana; 20 funcionarios, 1 Yutong y 1 radio patrulla, de la Guardia Nacional Bolivariana y 4 funcionarios del CICPC”, precisó.
El coronel del Ejército detalló que 10 personas privadas de libertad procedían de los centros de detención preventiva de la Guardia Nacional Bolivariana, 11 de la Policía Nacional Bolivariana, 6 de la Policía del Estado Apure y 2 del CICPC, sin especificar si entre los detenidos había menores de edad.
Detenciones en Apure
En Apure, la DGCIM, GNB, SEBIN y CICPC, han practicado 22 detenciones desde el 29 de julio hasta el 30 de agosto, confirmadas por la Ong de derechos humanos Foro Penal. Sin embargo, fuentes ligadas al sistema judicial apureño afirman que pasan de 100, solamente en San Fernando, la capital del estado.
Nada más el 2 de agosto ya habían “30 ciudadanos detenidos por actos de terrorismo y alteración del orden público”, confirmó, entonces, el secretario de seguridad ciudadana y comandante de la Policía de Apure.
El funcionario no desglosó el número de hombres y mujeres entre las personas detenidas y si había menores de edad entre ellas.
Tampoco precisó en qué municipios del estado, además de la capital, se practicaron más aprehensiones ni en qué centros de detención preventiva del estado les recluyeron.
Para el cierre de esta nota, Foro Penal reportaba en sus medios digitales: 1.780 personas presas por razones política en toda Venezuela, de las cuales 1.581 detenidas desde el 29 de julio de 2024, de éstas 230 son mujeres, 114 adolescentes, aunque ya fueron excarcelados 86 de ellos, 18 enfermas, con alguna discapacidad o necesidad especial y 15 indígenas.
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