El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó este viernes y rechazó «en los más enérgicos términos, así como desconocer la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia».
Igualmente rechazó «la ilegal designación de las directivas de los Partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”.
En un comunicado publicado en horas de la noche, condenaron «el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana».
Igualmente resolvieron «exigir al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional, cese la usurpación de sus funciones y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes».
También urgen «al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario».
En el quinto y último apartado de la resolución hacen un llamado a todos los actores políticos del país «para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA».
Esta resolución llamada “las Recientes Decisiones Ilegítimas del Tribunal Supremo de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela” fue recibió 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes a esta sesión virtual.
Posición de la OEA
Esto, tomando en cuenta «que el Tribunal Supremo de Justicia procedió con una posición sesgada alegando una supuesta “omisión legislativa” a la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, usurpando las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violentando así mismo el principio de autonomía, equilibrio y división de los Poderes Públicos».
En su comunicado reafirmaron «que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla tal y como lo dispone el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana».
Dicha Carta Democrática Interamericana «establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
Resaltaron además la resolución del Consejo Permanente del 10 de enero de 2019 de «no reconocer la legitimidad de un nuevo mandato de Nicolás Maduro”, e hicieron un llamado a “la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha próxima, con asistencia de observadores internacionales”.
Mientras que en la resolución aprobada el 10 de enero de 2020 acordaron «renovar el llamado a un pronto retorno a la democracia en Venezuela, y en tal sentido reafirmó la necesidad de celebrar elecciones presidenciales inclusivas, libres, justas y transparentes, conducidas por un Consejo Nacional Electoral renovado e independiente, así como un Tribunal Supremo de Justicia renovado e independiente y con la presencia de observadores internacionales independientes».
El Consejo Permanente de la OEA ratificó «la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es la única institución democráticamente electa en Venezuela».
Con respecto a las designaciones de juntas directivas a partidos políticos venezolanos, manifestaron su «preocupación por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia dirigidas a intervenir a los partidos políticos de oposición»
