Este domingo 19 de enero continuaba el desplazamiento forzado de personas provenientes del departamento Norte del Santander, Colombia, hacia el municipio Jesús María Semprún, zona fronteriza del estado Zulia.
Esta movilización se origina en el marco del conflicto armado entre grupos irregulares en suelo colombiano desde el fin de semana y que, según autoridades colombianas, ya ha cobrado la vida de más de 80 personas.
La mayoría de los que huyeron y han llegado al municipio Jesús María Semprún son venezolanos de distintas zonas de Colombia, quienes residían desde varios años y trabajaban en zonas de El Catatumbo, Tibú y La Gabarra del departamento Norte del Santander.
Varios de los que llegaron a territorio venezolano entraron en lanchas por el río Catatumbo. Otros ingresaron por trochas en vehículos y motos, colgando banderas blancas, hasta llegar a la población de El Cruce donde están siendo atendidos en la escuela Unidad Educativa Nacional Esmirda Nuñez, que funciona temporalmente como centro de refugio.
Cabe destacar que posteriormente las personas serán trasladadas hasta la población de Casigua El Cubo, específicamente en el estadio Deportivo Venezuela, donde habilitaron un corredor humanitario para atender a los afectados por el conflicto.
Hasta el sitio llegaron diferentes autoridades civiles, militares y policiales de Venezuela para verificar la situación. Entre ellos, estuvo presentes el Almirante Juan Carlos Oti Paituvi, director Nacional de protección Civil y Administración de Desastres.
Al lugar llegaron también organizaciones como Cáritas, Acnur, Comité de la Cruz Roja Internacional y la representante de víctimas de conflictos colombianos por el exterior, Heidy Margarita Beleño Echeverría.

Wola exige fin a la violencia en El Catatumbo
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) exigió recientemente que se ponga fin a la violencia que se registra desde hace días en el Catatumbo, Colombia, y que deja al menos unos 80 muertos y más de mil personas en situación de desplazamiento.
WOLA se unió a organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo de Colombia para que estos hechos violentos culminen y se aborde la crisis humanitaria en la región.
Según una nota que publicó la organización en su sitio web, “el gobierno nacional y otros gobiernos de la región deben actuar de inmediato para rescatar a quienes están atrapados en medio de la violencia y proporcionar ayuda humanitaria urgente”.
“Todos los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y permitir que ayuda humanitaria llegue a quienes lo necesitan”, agregó WOLA.

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