El informe actualizado de 2020 y los primeros 3 meses de 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de parte de Amnistía Internacional destaca que en el caso venezolano persiste una crisis continuada de esta dimensión en diferentes ámbitos.
El primer capítulo que aborda el extenso documento está referido al tema de las ejecuciones extrajudiciales. Señala que al menos 2 mil personas murieron hasta el mes de septiembre del año pasado a manos de cuerpos de seguridad, entre los que resaltan las FAES de la PNB, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, CICPC.
Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía.
Detenciones arbitrarias
En este renglón la organización internacional, que también celebra sus 60 años, señala que esta práctica se mantiene por parte de las autoridades venezolanas como una sistemática política de represión contra la disidencia política y social.
Cita que «según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones
arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones».
Denunció también que se utilizó la pandemia de la COVID-19 como un mecanismo para restringir la información de cómo y dónde estaban los detenidos por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero.
Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para controlar la propagación del virus.
También en este capítulo el informe habla de las desapariciones forzadas mencionando los casos emblemáticos de los ex diputados Renzo Prieto y Gilber Caro y la señora Maury Carrero.
Al respecto, estas personas «sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada. Estuvieron recluidos en comisarías policiales que no cumplían las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos».
Luego, el presidente Nicolás Maduro indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre ellas Renzo Prieto, Gilber Caro y Maury Carrero. Pero en los días siguientes y durante el resto del año se llevaron a cabo nuevas detenciones
arbitrarias.
Entre los nuevos detenidos figura Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular, que fue privado de libertad en octubre. Aún se mantiene privado de libertad y sin juicio.
Torturas y otros malos tratos
Amnistía Internacional asegura en este estudio que continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.
Unos 747 ataques a la Libertad de Expresión
Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.
Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19. El 21 de agosto, los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres perdieron la vida en una operación de seguridad de las FAES en el estado de Zulia.
El Ministerio Público puso en marcha una investigación sobre la posible ejecución extrajudicial de los dos hombres y se dictó una orden de detención contra seis agentes de las FAES.
Darvinson Rojas, periodista y preso de conciencia, fue detenido de forma arbitraria por difundir información sobre la COVID-19. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales. El periodista y preso de conciencia Luis Carlos Díaz también siguió sometido a graves restricciones e investigación penal.
Se agravó la emergencia humanitaria compleja
En uno de sus últimos capítulos la organización internacional defensora de derechos humanos reflejó que la emergencia humanitaria continuó y se intensificó.
Las condiciones imperantes como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia.
En julio, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela señaló que se necesitaban 762,5 millones de dólares estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4,5 millones de personas. Según Acción Solidaria, 10 millones de personas quedaron sin recibir asistencia médica para trastornos y enfermedades tales como hipertensión, diabetes, mal de Parkinson, cáncer o malaria.
A pesar de la recomendación de la OACNUDH y la insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) no obtuvo autorización para acceder al país.
Las medidas económicas —como el limitado aumento del salario mínimo a 1,71 dólares estadounidenses mensuales— intensificaron la acuciante situación económica, y al finalizar el año la hiperinflación estaba descontrolada. El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes y servicios en Venezuela.
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