La abogada Mildred Rojas, miembro de Transparencia Venezuela, advirtió que el principal impacto de la penetración del crimen organizado se evidencia en la caída de Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes, siendo un país petrolero.
“El crimen organizado entra dentro de la economía lícita y destruye empresas muchas veces por extorsión, reduciendo cada vez más la posibilidad de que consigas estabilidad y seguridad en el Estado”, indicó la abogada durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.
Agregó que los efectos de estas actividades ilegales van más allá de lo económico, ya que vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad.
“Estos grupos criminales no solamente se centran en el tráfico de droga o el contrabando, sino que además aprovechan sus redes para la trata de personas y para controlar algunos sectores que actualmente no tienen ninguna protección por parte del Estado”, afirmó.
De acuerdo con Rojas, un factor determinante en la presencia y fortaleza del crimen organizado es la debilidad del Estado y sus instituciones, ya que la impunidad se facilita en este contexto, permitiendo que estas organizaciones ganen terreno y continúen sus delitos.
Falta de transparencia
Por otro lado, criticó la falta de transparencia en los datos proporcionados por el Ministerio Público (MP), lo que dificulta la evaluación y seguimiento efectivo de la lucha contra el crimen organizado y las economías ilícitas.
Argumentó que la información oficial es insuficiente y confusa, lo que beneficia a los criminales y grandes grupos delincuenciales.
“Existe como un vacío que no te permite hacer una evaluación o seguimiento de lo que están haciendo los órganos de seguridad y en qué medida o cuáles de estas personas son las que quedan en libertad y cuáles no”, manifestó.
La abogada enfatizó que se requiere empoderar a la población y hacerla consciente del impacto en la vida y economía de los venezolanos que tienen estas transgresiones.
Además, resaltó la urgencia de implementar cambios estructurales en las instituciones estatales, particularmente en el sistema judicial y de seguridad, para fortalecer la confianza ciudadana y lograr resultados efectivos.
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