En un hecho calificado como sorpresivo para muchos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche de este viernes 30 de enero que implementaría una ley de amnistía general además de ordenar el cierre de la sede central del Sebin en Caracas conocida como El Helicoide.
El anuncio lo hizo en medio del acto protocolar para decretar el inicio del año judicial al cual había sido invitada por las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.
Textualmente señaló que “quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”.
En Venezuela no existí un precedente de esta naturaleza desde diciembre de 2007 cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró una similar para perdonar a algunos de los que estuvieron involucrados en el golpe de estado de 2002, beneficio que no recibieron los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana.
En principio este instrumento legal serviría para anular todos los procesos penales que pesan sobre personas que han sido detenidas por razones políticas desde hace 27 años así como también a los excarcelados por estos motivos, incluyendo los más recientes.
La mandataria también abogó porque no haya retaliaciones ni acciones de venganza y revancha al aplicarse esta ley, cuyo proyecto será encargado a la Comisión de la Revolución Judicial, instalada hace unos 3 años atrás, y luego remitido a la Asamblea Nacional para su respectiva sanción legislativa.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió.
También reveló que el objetivo primordial de la ley es “fomentar la convivencia y cerrar un capítulo de confrontación”, al tiempo que indicó que quedarán exceptuados “aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, por corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos”.
Propuesta de amnistía del Comité de Madres en Defensa de la Verdad
Este martes 27 de enero el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó un proyecto de ley amnistía general para todos los privados de libertad por causas políticas desde el año 2014 hasta la fecha. El acto se realizó en la escuela de derecho de la UCV.
Iraima Figueroa, una de las integrantes del Comité, señaló que “el Proyecto de Ley de Amnistía tiene como objetivo contribuir a un clima de convivencia en el que se respete la libertad de pensamiento y la pluralidad”.
Este movimiento de mujeres y hombres que vienen luchando por la liberación plena de sus hijos y otros detenidos de sectores populares de todo el país destacan en su lema que sus parientes no son delincuentes ni mucho menos terroristas, delitos imputados que tienen la mayoría de los casos.
Antonio González Plessman, vocero del comité, explicó en rueda de prensa que el proyecto de ley contiene un mecanismo de verificación que integraría al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a las principales organizaciones de familiares, a las universidades públicas, las iglesias y las embajadas de Brasil y Colombia.
Según González, el grupo de verificación tendría como tarea principal velar por el cumplimiento de la ley de absolución y libertad plena, contrastar su ejecución con los censos que ya poseen las organizaciones no gubernamentales y de familiares de víctimas que documentan estos casos.
Lo que no absolvería esta ley del Comité de Madres
El activista aclaró que “esta ley no es para perdonarlo todo, los delitos por violaciones de derechos humanos no se perdonan, lo prohíben la constitución y los tratados internacionales, tampoco los delitos de lesa humanidad, las personas que cometieron homicidios, crímenes de odio por razones políticas tampoco están amparadas por esta ley”.
Quienes sí saldrían amnistiadas con esta legislación serían personas que pudieron haber cometido delitos políticos. Considera que en el contexto actual “hay muchos inocentes ya que el Estado politizó su situación y sus juicios”, y también serían beneficiadas con esta ley.
Esta propuesta de ley de amnistía será presentada a la Asamblea Nacional por parte del Comité de Madres y otras organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y partidos políticos.
Cierre de El Helicoide
Sobre este punto, la presidenta encargada informó que esta sede policial, emblemática por ser considerada como un centro de vulneraciones de derechos fundamentales a quienes allí se encuentran privados de libertad, será convertida en un centro recreacional.
Detalló que “en el marco del relanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, que contempla el programa de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.
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