La presidenta encargada Delcy Rodríguez sorprendió a propios y extraños al anunciar este jueves 23 de abril el fin de la ley de amnistía, aún cuando en el instrumento aprobado en la Asamblea Nacional (AN) no se habla de una fecha de caducidad.
El anuncio lo hizo desde el Palacio de Miraflores cuando estaba reunida con varios de sus ministros, acto en el cual también informaba sobre la instalación de una comisión especial que se encargaría de una reforma judicial y penal.
Esta comisión comenzará su trabajo con una nueva consulta nacional para reformar el Poder Judicial. Rodríguez consideró que en este aspecto se tiene una deuda social y moral con la población venezolana.
Sobre la aplicación de la ley de amnistía que fue promulgada por ella misma el pasado 19 de febrero, inmediatamente después de ser sancionada por unanimidad en el parlamento, Rodríguez recurrió a cifras que aportó el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial encargada del ejecútese de la ley, aseverando que hasta la fecha unas 8.616 personas han resultado beneficiadas.
También explicó que algunos casos que no pudieron ser resueltos por este instrumento legal pueden seguir siendo revisados por el Programa Nacional para la Convivencia y Paz y la propia comisión para la reforma del sistema penal. Esta última instancia la preside el nuevo fiscal general de la República, Larry Devoe.
La mandataria interina señaló que el nuevo proceso “es para consultar al pueblo sobre su aspiración de la justicia, sobre todo de la justicia penal que implica privación de libertad”.
“Yo espero, como toda ciudadana, que la justicia penal cumpla con las características que establece la Constitución”, agregó.
Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, afirmó que esta ley de amnistía había sido uno de los trabajos legislativos más intensos que han tenido en los últimos años.
Valoró que algunos de los beneficiados no estaban incluidos en el rango de aplicación, “pero la comisión especial de seguimiento trabajó con el sistema de justicia para resolver esos casos”.
ONG señalan de inconstitucional la medida
Tras el anuncio, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos reaccionaron a la medida, coincidiendo en señalar que la decisión es inconstitucional ya que por ningún lado en el texto, que puede ser consultado en la página web de la Asamblea Nacional, se habla de una fecha de caducidad.
Por ejemplo, la ONG Provea publicó en su cuenta en X: “esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.
"Esta ley de amnistía llega a su fin".
— PROVEA (@_Provea) April 24, 2026
Tras el anuncio realizado por @delcyrodriguezv sobre el fin de la Ley de Amnistía, recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional.
Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no… pic.twitter.com/IToJ79esiY
Igualmente, Espacio Público, ONG dedicada a defender el derecho a la libertad de expresión, publicó en la misma red social que la decisión contribuye a aumentar la impunidad.
#23Abr El anuncio del cierre del ciclo de la #LeyDeAmnistía por Delcy Rodríguez es un acto de discrecionalidad que profundiza la impunidad.
— Espacio Público (@espaciopublico) April 24, 2026
Dejar en manos de comisiones el destino de las personas procesadas arbitrariamente, que todavía están privadas de libertad o bajo medidas…
También reaccionó la ONG Acceso a la Justicia, alegando que una ley de estas características solo puede ser derogada mediante otra ley de igual rango dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Días antes, Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), denunciaba que persistía una “enorme discrecionalidad” en la aplicación de la Ley de Amnistía, lo que —a su juicio— está desnaturalizado su propósito al aplicarse de forma desigual.
Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Tineo afirmó que la organización ha documentado situaciones en las que dentro de una misma causa judicial, a personas procesadas por los mismos hechos y en el mismo período, se les aplica la amnistía a unas y a otras no.
“Seguimos viendo muchísima discrecionalidad en la aplicación de la ley de amnistía”, expresó, al señalar que esto contradice la esencia de esta figura legal, ya que “la amnistía olvida hechos” y no debería aplicarse de manera individualizada.
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