Mariangel Monterrey, en nombre de la Plataforma por el Rescate de la Juventud en Situación de Calle, denunció la muerte por un supuesto ajusticiamiento de los hermanos Jhouse Javier Martínez, de 20 años de edad, y Jonathan Acevedo, de 27 años, por parte de una comisión de la PNB en San Francisco de Yare, estado Miranda.
Según la reseña de Monterrey, en la madrugada del sábado 6 de junio de 2020, mientras Javier y su hermano dormían, un grupo de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana, irrumpió en su vivienda sin mostrar orden judicial alguna.
Los jóvenes habrían sido llevados por los policías hasta el patio de su casa y en presencia de otros miembros de su familia -entre ellos una señora mayor y varios niños pequeños-, fueron ejecutados.
«Ni Javier ni su hermano estaban armados y en ningún momento opusieron resistencia. Fueron ajusticiados en el interior de su hogar por un crimen del que no se tenían pruebas», afirmó la activista de derechos humanos.
Surgen preguntas
Ante este drama y en nombre de sus compañeros del movimiento que conforma, se preguntan, ¿Cómo queda el derecho a la vida en nuestro país en donde no existe la pena de muerte? ¿Dónde está el derecho a la defensa? ¿Dónde están los debidos procesos judiciales estipulados en las leyes de nuestro país? ¿Acaso el pobre, por ser pobre, no tiene derecho a la vida y a demostrar su inocencia?
Agregó en la denuncia, que dio a conocer a través de Radio Fe y Alegría Noticias este lunes 6 de julio, que a los dos jóvenes los han asesinado doblemente.
«Además de quitarles la vida arbitrariamente, se les ha criminalizado, acusándolos sin pruebas de hechos que por lo demás, resultan incongruentes. Los asesinaron físicamente e intentan asesinarlos moralmente».
Entre esos hechos «incongruentes», estaría la acusación de que esos jóvenes se encontraban en ese momento en los Valles del Tuy “escondiéndose y escapando”, cuando en realidad se encontraban en la casa donde residen. O acusándolos de tener tiempo participando en una banda delictiva del sector, cuando Javier tenía poco tiempo de haber regresado.
Monterrey hizo un llamado de atención a las autoridades policiales y del Ejecutivo nacional para que no se sigan matando a los jóvenes de las barriadas y en situación de calle.
Además, que se diseñen políticas públicas que procuren la creación de espacios y mecanismos que ayuden a los jóvenes a contar con una vida digna.
Lo que exigen
Los dos jóvenes habían sido acusados por los funcionarios de pertenecer a una banda delincuencial de la zona, supuestamente responsable del asesinato de otras personas, incluyendo a efectivos de la policía.
«Los jóvenes en situación de calle son una población que está siendo dejando de lado por la sociedad», destacó.
En el caso de Javier Martínez, relató que lo conocieron en el boulevard de Sabana Grande y con él emprendieron un proceso de revinculación con su familia y con la sociedad.
Proveniente de una comunidad de los Valles del Tuy, estado Miranda, llevaba 3 años dentro de la Plataforma de Rescate «pero lamentablemente fue ajusticiado junto a su hermano».
Por todo lo expuesto, y a un mes del doble ajusticiamiento, Monterrey apuntó que desde esta Plataforma:
- Exigen que se investiguen los hechos, se establezcan las responsabilidades y se sancione a los funcionarios que participaron en el operativo, incluyendo a quienes ordenaron su ejecución.
2. Exigen que se haga justicia y que se respete el debido proceso.
3. Exigen como sus compañerxs, y en nombre de su familia, que Javier y Jhonathan, sean reivindicados como dos jóvenes honestos y luchadores cuyas vidas fueron arbitrariamente segadas por el solo hecho de ser pobres.
4. Exigen que cese la criminalización por parte de los cuerpos de seguridad de los jóvenes que viven en nuestros barrios y pueblos; y que reproduce la desigualdad y la discriminación al ver en todo muchacho pobre un culpable, o un futuro delincuente.
Vale recordar que este jueves 2 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su informe actualizado sobre la situación de los DDHH en Venezuela, alertaba sobre la preocupación que tiene en torno a que sigue siendo muy elevado el número de muertes de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad.
