El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos denunció en la tarde de este lunes 7 de febrero que la trabajadora de PDVSA Rosa Mota de Millán, privada de libertad en el INOF, Miranda, desde hace 3 años, se encuentra en una grave situación de salud.
En un comunicado señalan que Mota «está susceptible a cualquier forma de descompensación, e incluso puede sufrir un infarto, ya que los informes médicos recientes indican un severo cuadro: con una hemoglobina en 3,8 g/dl (siendo que los valores estables para la mujer son 12,1 a 15,1 g/dl), hematocritos en 11.5 % (siendo que los valores normales son de 36.1% a 44.3%), plaquetas en 85,000 (siendo que los valores estables están entre 150,000 a 400,000), y así sucesivamente, la mayoría de sus valores se encuentran alterados».
Es por ello que desde el Comité hacen un llamado urgente a las autoridades del recinto penitenciario donde se encuentra a que se le posibilite una pronta atención médica.
También exigen «al Ministerio Público atienda está grave situación de vulneración a los derechos de Rosa de forma inmediata. Al tribunal que lleva su causa que agilice las medidas que permitan a Rosa gozar de una medida sustitutiva, al Ministerio de Servicios Penitenciarios el acceso de las medicinas y alimentos qué Rosa requiere y a todas las instituciones competentes y a las personas responsables dar una oportuna respuesta».
Mota, de 58 años, fue detenida en febrero de 2019, cuando se desempeñaba como presidenta de PDVSA Gas, por denunciar supuestos actos de corrupción que se estaban cometiendo a lo interno de Petróleos de Venezuela.
Al momento de su aprehensión fue acusada de los supuestos delitos de «malversación de fondos, peculado doloso y asociación para delinquir, pero en el expediente no existen pruebas que demuestren que sea culpable de dichos delitos. Es tan absurda la acusación, que es la única persona supuestamente implicada en los hechos pero entre los cargos está el delito de asociación para delinquir», reza el comunicado.
Por otro lado, la organización igualmente denunció que a la trabajadora petrolera se le niega los derechos de «a la presunción de inocencia, al juzgamiento en libertad, a la celeridad procesal, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en general han sido permanentemente vulnerados».
Tampoco cuenta con el «acceso oportuno a atención médica y sin una dieta adecuada. Sin poder recibir visitas o ayuda de su familia, ya que viven en Maturín, estado Monagas, con escasos recursos para asumir tal situación».
