Las autoridades cubanas han amenazado a los organizadores de una marcha a favor de la democracia convocada para noviembre con cargos legales, al tiempo que realizan un vasto operativo de seguridad para intimidar a los cubanos de a pie que expresan su apoyo a la iniciativa o critican al gobierno en las redes sociales.
Integrantes del grupo cívico Archipiélago notificaron a las autoridades de su intención de marchar el 15 de noviembre para defender el respeto de las libertades civiles y pedir la liberación de los presos políticos y cientos de manifestantes que aún se encuentran detenidos luego de un levantamiento en toda la isla el 11 de julio.
El grupo, conformado por jóvenes artistas, profesionales, activistas y conocidos disidentes, sostiene que la Constitución cubana permite manifestaciones pacíficas.
«Patria o Muerte, Socialismo o Muerte”
Las autoridades cubanas interpretaron la Constitución de otro modo, calificando la marcha de “ilícita” y de complot respaldado por el gobierno estadounidense y los exiliados cubanos.
El domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel dijo que la marcha planeada no era un “acto de civismo sino un acto de subordinación” a Estados Unidos, al que acusó de planear la iniciativa para “subvertir” el orden interno.
“El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la revolución cubana,” dijo Díaz-Canel durante una reunión del Partido Comunista el domingo.
“Estamos preparados y dispuestos a todo para defender lo más sagrado, lo que nos une; a ser consecuentes con la decisión invariable de Patria o Muerte, Socialismo o Muerte”.
El jueves pasado, la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que si los integrantes de Archipiélago siguen adelante con la marcha, enfrentarán graves cargos, entre ellos, “desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.
Amedrentamiento
“El pensamiento único, la censura y la persecución política han sido el pan de cada día para cualquier cubano que no se someta al control de sus mayorales”, dijo en un comunicado el actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los líderes de Archipiélago.
“Nadie sería tan idiota de enfrentarse a todo esto (y a la furia que vendrá) por dinero. Lo hacemos por convicciones, y eso tiene al poder desesperado.
Tampoco nadie nos da órdenes desde ninguna parte”. Mientras tanto, la seguridad del estado, la agencia de inteligencia controlada por el Ministerio del Interior, ha estado realizando un operativo en toda la isla para intimidar a miembros y simpatizantes de Archipiélago, según entrevistas realizadas por el Herald e información compartida en las redes sociales.
Las acciones represivas denunciadas incluyen detenciones breves, multas, citaciones a una comisaría para interrogatorio, cortes en los servicios de internet y telefonía, actos de repudio, prohibiciones de viajar al exterior, hostigamiento a familiares y despidos. Y hay al menos un informe de un breve secuestro.
Campaña en redes sociales
Pero a medida que crece la frustración con el régimen cubano, no solo los activistas a favor de la democracia, sino también una franja más grande de la población ha entrado en contacto con el aparato represivo.
Los cubanos están contando estos actos de represión en tiempo real en las redes sociales. “Están tratando de usar las mismas técnicas de represión antes de que las redes sociales cambiaran las cosas, y es obvio que no entienden cómo funcionan, no tienen herramientas para lidiar con la revolución de las redes sociales”, dijo Saily González, una emprendedora cubana que se ha convertido en una de las voces más visibles de Archipiélago.
En una entrevista desde Santa Clara, González dijo que los jóvenes cubanos que han creado comunidades en redes sociales como Twitter ahora se apoyan más entre sí.
La activista citó el rápido esfuerzo de financiación colectiva para pagar la multa de Santos y la reciente liberación del doctor Guerra, el miembro del Archipiélago que fue despedido, luego de que varios usuarios de las redes sociales denunciaran su arresto a principios de este mes.
La propia González fue objeto de un acto de repudio cerca de su casa. Ella decidió cerrar su café Amarillo B&B en Santa Clara porque temía que la seguridad del estado usara su negocio privado para tomar represalias contra ella y sus empleados debido a su activismo.
Pero el gobierno ha dejado claro que no tolerará la disidencia. La semana pasada, un hombre que protestó contra el gobierno el 11 de julio recibió una sentencia de 10 años.
Otros enfrentan cargos que podrían encerrarlos en prisión por hasta 25 años.
Fuente: Miami Herald
