El juez del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo dictó privativa de libertad contra las activistas Marilexi Goyo y Raquel Da Silva, tras la conclusión de la audiencia de presentación el pasado 9 de agosto.
Las fiscalías 9 y 44, representadas respectivamente por los abogados Diego Roballo y Orlando Enríquez, imputaron a las detenidas por presuntos delitos de homicidio preterintencional en grado de coautoría en perjuicio de la madre de Raquel Da Silva, así como por agavillamiento en grado de coautoría.
Además de estas acusaciones, a Marilexi Goyo también se le atribuyeron los cargos de simulación de hecho punible y usurpación de funciones, según informó la abogada Lyli López, quien está a cargo de la defensa legal de ambas arrestadas.
Abogada cuestiona justicia en caso de las dos activistas
Lyli López, directora nacional de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos Libertad, Justicia y Orden, expresó su preocupación por la actuación de la justicia venezolana en este caso y calificó como preocupante el trato recibido por las activistas durante su detención.
La abogada manifestó su inquietud acerca de las implicaciones de este caso en la imparcialidad del sistema de justicia y en la percepción de los defensores de los derechos humanos en el país.
Según López, lo sucedido establece un preocupante precedente y envía un mensaje alarmante a quienes luchan por la protección de los derechos fundamentales.
Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo el 7 de agosto a Marilexi Goyo, directora de derechos humanos de la fundación Libertad, Justicia y Orden, junto a Raquel Da Silva. La detención tuvo lugar después de que ambas activistas fueran agredidas en las afueras del hospital Prince Lara de Puerto Cabello.
Según Lyli López, el motivo detrás de la agresión fue un conflicto familiar, protagonizado por una pariente de Raquel Da Silva. Explicó que en el caso de Goyo fue agredida la mañana del lunes 7 en las afueras del centro de salud. La activista se trasladó hasta la Fiscalía de Puerto Cabello, pero se negaron a procesar la denuncia y la remitieron a la Policía municipal de Puerto Cabello, que tampoco la recibió.
Tras poner la denuncia en la sede de la Policía de Carabobo, «fue trasladada en una patrulla (…) al hospital Prince Lara para revisar sus lesiones e identificar a la agresora. Llegó una comisión del Dgcim con presuntamente la Fiscalía novena y se la llevaron detenida», relató López.
Por otro lado, destacó que se le notificó a la Fiscalía 28 de Carabobo sobre la detención arbitraria de la activista, que cuenta con una medida de protección tras el asesinato de uno de sus hermanos. «¿Dónde quedan los derechos civiles? ¿Los derechos humanos? ¿Las garantías constitucionales de los ciudadanos cuando los defensores de derechos humanos somos privados de libertad?», reclamó.
En relación a este incidente, López resaltó la disparidad en el tratamiento dado a las denuncias, señalando que, en primera instancia, Marilexi Goyo presentó una denuncia y nadie la tomó en cuenta; mientras que a la persona con acceso directo al fiscal del Ministerio Público sí la consideraron.
Adujo que «la denuncia de Marilexi Goyo no valió de nada, pero sí se le dio crédito a la denuncia de la persona que tenía el teléfono directo del fiscal del Ministerio Público».
La abogada también condenó la negación de la tutela judicial efectiva a un defensor de los derechos humanos y solicitó la intervención del fiscal general Tarek William Saab para garantizar los derechos de las detenidas.
López concluyó su declaración cuestionando la protección de los derechos civiles y las garantías constitucionales de las ciudadanas involucradas en el caso y denunció la actuación de la Dgcim en perjuicio de los derechos de los ciudadanos.
Con información de Tal Cual
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