El 7 de enero de 2024 fue publicada la primera entrega de una serie de reportajes elaborados por los portales digitales Crónica Uno y Efecto Cocuyo, donde recogen las expectativas de la población frente a las elecciones presidenciales que deben realizarse en Venezuela este año.
El reportaje, con información de 15 estados del país, confirma los hallazgos del informe publicado a mediados de 2023 por AlertaVenezuela; ambos trabajos coinciden en advertir sobre el impacto de las actividades de intimidación y control de grupos armados irregulares sobre los derechos políticos de la población venezolana.
Mega bandas criminales, pseudo sindicatos, colectivos armados y grupos irregulares procedentes de Colombia utilizan diferentes métodos con un mismo fin: forzar a los electores a votar en favor de candidatos del partido de gobierno y disuadirlos de votar por candidatos de la oposición. Las consecuencias a quienes se resistan pueden ir desde amenazas y golpes hasta la muerte.
El reportaje hace referencia a acciones en grandes ciudades e incluso en la capital, a escasos metros del palacio de gobierno, así como también en poblaciones remotas y con poco acceso a medios de comunicación.
Es el caso de Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas, donde la presencia de un grupo armado “incidió en las victorias del chavismo en los últimos 10 años”, según habitantes de la zona.
El 2 de enero, precisamente en la carretera que conecta la ciudad de Tucupita con Barrancas del Orinoco, fue encontrado el cuerpo sin vida del sacerdote católico Josiah Asa K’Okal, quien se encontraba desaparecido desde el 1 de enero.
Las autoridades inmediatamente aseguraron que se trató de un suicidio, sin haber practicado la autopsia de ley. El padre Josiah era un reconocido defensor de los pueblos indígenas en el estado Delta Amacuro, donde denunció la acción de grupos de traficantes de miembros del pueblo indígena Warao. Aunque el cuerpo del sacerdote fue hallado colgando de un árbol, tanto las organizaciones religiosas como las comunidades indígenas rechazan la versión oficial de suicidio.
Emergencia humanitaria compleja
Otro informe fue publicado por parte de HumVenezuela el 8 de enero. Se trata de la cuarta medición de la escala y severidad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela para el período de marzo 2022 a noviembre 2023.
De nuevo, y en contraste con la propaganda oficial sobre una supuesta mejora de la situación del país, los datos de HumVenezuela indican que en dicho período el número de personas con necesidades críticas aumentó en 1.1 millones y 1.6 millones la cantidad de personas con necesidades severas.
Mientras, el total de personas con necesidades alcanzó los 20,1 millones de personas. En consecuencia, hasta noviembre de 2023, aumentó de 8,0% a 13,4% el porcentaje de personas con intención de emigrar.
Estas nuevas y alarmantes cifras se producen en un contexto donde se diluyen las esperanzas de respuesta institucional a la emergencia. A más de un año de la firma del acuerdo social que supuestamente liberaría más de 3 mil millones de dólares para hacer frente a algunas necesidades humanitarias, se sigue sin información cierta sobre dicho fondo.
Además, en los primeros días de enero se reactivó la discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines (ley anti-ONG), mediante una “consulta popular” cuestionable, toda vez que el proyecto ni siquiera se encuentra oficialmente publicado en la página de la Asamblea Nacional.
La aprobación de este proyecto de ley significaría el fin de la sociedad civil independiente en Venezuela, lo que anularía las limitadas posibilidades de respuesta a la emergencia humanitaria compleja.
En medio de esta emergencia, el gobierno anunció un bono que no significa aumento de sueldo y que llevaría el ingreso (que no salario) de los trabajadores a US $ 100 mensuales, mientras pensionados y jubilados recibirán $25 7 $70 respectivamente.
Ante este panorama no es sorprendente que el personal docente haya comenzado enero con acciones de calle en protesta por el constante deterioro de sus ingresos.
La respuesta inmediata del gobierno ante los reclamos del sector docente ha sido la represión. Mientras terminábamos este análisis, funcionarios policiales ingresaron de forma violenta a la sede de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV) en el estado Barinas y se llevaron detenido a su presidente, el profesor Víctor Venegas.
Dos horas después de su detención, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente hizo público un comunicado en el que afirma que Venegas estaría vinculado con el “desarrollo de actividades contra la paz de la República” y de formar parte de “un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.
Más necesidades y menos espacio cívico
Más necesidades y menos espacio cívico. Así comienza 2024 en Venezuela, por lo que reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a exigir garantías electorales que incluyan el cese de la coacción de grupos armados en ejercicio del derecho a la participación política de la población, el respeto al espacio cívico y la atención de las urgentes necesidades humanitarias de la población, en el entendido de que unas adecuadas condiciones electorales no se limitan a aspectos técnicos sino que deben abarcar un ambiente habilitante del espacio democrático.
Este artículo fue publicado originalmente en la web de AlertaVenezuela
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