Este jueves 21 de octubre fueron acusadas cinco personas por presuntamente beneficiarse del lavado de las ganancias de contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela, entre ellas están: José Gregorio Vielma Mora; Ana Guillermo Luis; Álvaro Pulido Vargas; Enrique Rubio Salas y Emmanuel Enrique Rubio González.
Según un comunicado realizado por un jurado federal en el Distrito Sur de Florida en los Estados Unidos y publicado en el portal del Departamento de Justicia, estas cinco personas señaladas habrían obtenido dinero presuntamente de forma ilícita por un esquema de soborno a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De acuerdo con la acusación formal, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo habrían obtenido contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP, esto mediante el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano.
En el documento también se lee que «los acusados y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse indebidamente».
Además se detalló que supuestamente los «co-conspiradores» ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y luego depositaron el dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.
«Como resultado del plan, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través del sistema financiero de los Estados Unidos», indica el comunicado.
Sobre cada uno de los acusados pesa cuatro cargos por lavado de dinero, también se suman cinco cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
Según la acusación, si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión. «Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU y otros factores legales».
También se precisó que el secretario de justicia auxiliar Kenneth A. Polite Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal federal interino, Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el agente especial interino a cargo de La Verne J. Hibbert, de la Oficina de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Miami, hicieron el anuncio.
