Durante la presentación del cuarto informe sobre Venezuela, Francisco Cox Vial, miembro de la Misión de Determinación Internacional Independiente de Hechos, afirmó que en los “últimos años” se ha vuelto más recurrente el uso de métodos de represión “suaves”. Advirtió pueden llegar a ser “más duros” si el Gobierno así lo decide, “activando o desactivando a su voluntad”.
Señaló que las tácticas duras, que implican la comisión de delitos, se utilizaron activamente para silenciar a la oposición a cualquier costo.
Asimismo, aseveró que el Estado recurre a “amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura”.
La Misión de las Naciones Unidas señaló que la “represión” se ha vuelto más selectiva debido al “efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional por las violaciones cometidas en el pasado y el hecho de que muchas personas huyeron por el temor fundado de ser perseguidos por motivos políticos”.
Al respecto, Francisco Cox Vial dijo que la amenaza latente de un recrudecimiento de la represión persiste. Añadió que dentro del país se ha creado un ambiente de miedo y autocensura.
“Lo que estamos presenciando ahora es un impacto acumulado de estas tácticas de represión, que tiene como resultado una prevalente cultura del miedo y de la censura egocéntrica. Como consecuencia, (…) el espacio cívico y democrático ha sido severamente restringido en Venezuela”, finalizó su intervención Francisco Cox Vial.
Puntos que menciona el informe que cierran el espacio cívico y democrático
1. Inhabilitación política
De acuerdo con el informe de la Misión de la ONU, las autoridades venezolanas han utilizado la inhabilitación política para evitar que miembros de la oposición se postulen para cargos públicos.
Según se señala, las inhabilitaciones políticas no se hacen públicas como exige la ley, lo que lleva a que los afectadas solo se enteren años después. Esto parece ir en sintonía con lo que pasó con la precandidata María Corina Machado, a quien justamente mencionan junto a Henrique Capriles y Freddy Superlano.
2. Censura y restricciones arbitrarias a los medios de comunicación
La Misión afirmó que el Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), consolida el control estatal sobre los medios de telecomunicación.
Se reseña que la Conatel emite órdenes a emisoras de radio y televisión, prohibiendo temas o palabras en programas, entrevistas con ciertas personas y debates públicos. La censura se extiende a palabras como “dictadura”, “régimen” y “presos políticos”. Asimismo, confirman que cerraron casi 300 emisoras de radio entre 2003 y 2022.
Además, la Misión documentó que entre 2012 y 2013 se estableció un marco administrativo que limitó el acceso a recursos esenciales para la prensa escrita, forzando el cierre gradual de medios independientes. Esto conllevó a que en 2021 la mayoría de los periódicos migraran a plataformas digitales.
Todo lo mencionado anteriormente hizo concluir a los miembros de la Misión que el Gobierno venezolano ha impuesto censura y restricciones a los medios de comunicación legítimos.
3. Restricciones a la sociedad civil y partidos políticos
El Gobierno venezolano utiliza regulaciones, aparentemente legítimas pero restrictivas, para limitar la operación de ONG, sindicatos y partidos políticos. Así lo expresa la Misión, que le preocupa que los proyectos de ley que se están trabajando en la Asamblea Nacional impongan restricciones adicionales a estas organizaciones, incluyendo regulaciones financieras.
Igualmente, exponen que las organizaciones de derechos humanos enfrentan retrasos y negativas al intentar registrarse legalmente, lo que limita su funcionamiento y que los tribunales han establecido juntas directivas en sindicatos y en partidos políticos, afectando el espacio cívico de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
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