El oficialismo calificó como “nefasta” a la “Ley Bolívar”

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Foto: Archivo.

El «Proyecto de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela» (Ley Bolívar, por sus siglas en inglés) representa, según el senador republicano Rick Scott -impulsor de la normativa-, un «gran paso» para «debilitar» al Gobierno de Maduro, que «está matando de hambre a sus propios ciudadanos» y «encarcelando a sus enemigos políticos».

«No hay ninguna razón por la que el Gobierno de los EEUU deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante. Estoy increíblemente orgulloso de que el Senado haya votado para responsabilizar a Maduro por sus abusos, al aprobar por unanimidad mi Ley Bolívar», dijo Scott.

En ese sentido, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó, a través de un comunicado, la aprobación de la «nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano«.

«Este instrumento (…) vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegal, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno bolivariano», dijo.

Con esta propuesta de ley, prosiguió, «se confirma» que sectores «ultraconservadores y golpistas» en EE UU «no tienen ningún interés en ver en Venezuela un proceso de desarrollo, una mejoría en la calidad de vida de nuestra población y, mucho menos, que se garanticen elecciones libres y justas, al promover más obstáculos y medidas hostiles en contra del país».

Además, señaló que el nombre de la normativa «ofende al pueblo venezolano, a su historia y a su libertador», Simón Bolívar.

Este proyecto de ley establece «excepciones necesarias» para la prestación de ayuda humanitaria y para el socorro en casos de desastre, según la nota de prensa del equipo del senador Scott.

Asimismo, permite que el «secretario de Estado elimine la restricción cuando sea de interés nacional de los EEUU».