Este 8 de mayo se cumplieron cuatro meses de la denominada “Masacre de La Vega” cometida por fuerzas de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas. Fue un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. Ninguna autoridad se pronunció, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados. Los familiares de las víctimas exigen justicia.
La ONG de derechos humanos Provea publicó un informe en el cual acentúa que desde entonces y hasta la fecha tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo siguen guardando silencio acerca de los resultados de las supuestas investigaciones que emprendieron en su momento sobre este suceso.
En la masacre de La Vega, ocurrida el 8 de enero de 2021, fueron asesinadas 23 personas, entre ellas, 3 adolescentes de 16 y 17 años. Esta cifra, hasta los momentos, es considerada la más alta de víctimas en un operativo policial de “seguridad ciudadana” en Venezuela.
Ese día se realizó un operativo donde participaron funcionarios de las FAES, de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, (UOTE) también de la PNB, para supuestamente enfrentar a integrantes de la mega banda de “El Coqui”, grupo delictivo que mantiene el control territorial de la Cota 905, zona vecina a La Vega. Según se informó días antes, habían tomado varios sectores de la parroquia caraqueña con el propósito de extender su dominio.
Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de «enfrentamientos con grupos élites policiales».
Sin embargo, testimonios de familiares de las víctimas aseguraron a organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación que lo ocurrido en La Vega «fue una masacre». Indicaron que se repitió el patrón de detener, asesinar y luego presentar como enfrentamiento a los fallecidos.
En sus relatos describieron que los funcionarios policiales ingresaron a las viviendas, detuvieron a sus familiares y fueron asesinados dentro de las mismas, después de obligar a salir al resto de los presentes. Otros fueron ejecutados a pocos metros de sus casas.
Igualmente algunos testigos insisten en que no hubo enfrentamientos, “fueron ellos quienes se metieron a matar en las casas”, señalando como los responsables a funcionarios de las FAES.
Entre las víctimas identificadas se encuentran Richard Alejandro Chile Cabello, de 20 años, de edad, empleado de un autolavado; Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años, y Yefferson Moreno Plazola, de 28 años, ambos trabajadores del mercado de alimentos de Coche; Jhonatan Useche, de 17 años, trabajador de una carnicería y Nelson Enrique Villalta Tolima, quien se desempeñaba como profesor de música y vigilante nocturno.
También a Alejandro Ramírez lo mataron cuando se encontraba en la casa de un amigo, según relató una tía, quien acotó que su sobrino “salió de la casa en short y sin camisa a comprar un cigarro para su abuela y cuando conversaba con un amigo en la casa de éste, escucharon tiros y decidieron entrar a la vivienda y cerrar la puerta. La policía se metió en la casa y luego se escucharon unos tiros”.
Con información de Provea
