Melanie fue al abasto a comprar algunos víveres que le hacían falta en casa. Cuando llegó al mostrador el hombre que atiende en caja le dijo el costo de toda la compra, Melanie le hizo algunas señas con las manos para pedirle si se podía quitar el tapabocas y así entender lo que estaba diciendo, pero el señor se alteró y le pidió a Melanie que se retirara por lo que consideró una falta de respeto.
Melanie es sorda oralizada, quiere decir que puede leer los labios para entender lo que dice la gente. La mascarilla, que ha sido declarada como de uso obligatorio para salir a la calle por Maduro, le impedía comprender lo que decía el señor del abasto, tampoco le pudo explicar su condición.
Una opción pudo haber sido escribir en un papel la lista y entregarla pero ¿en Venezuela, el personal que atiende al público está preparado para abordar este tipo de situaciones? Lo mismo para los policías.
Lo que sí está muy claro es que una medida de prevención se convirtió en un sinónimo de exclusión que mantiene incomunicada a la comunidad de personas sordas.
En el caso de los ciegos, se nos dificulta detectar si quien nos ayuda a cruzar la calle tiene tapaboca o no, quedando vulnerables al contagio.
Con este cúmulo anécdotas y situaciones que ocurren día a día en cualquier rincón de nuestro país, el organismo cuya misión es “Dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno nacional garantizando así, la atención integral, la prevención de la discapacidad y la inclusión participativa y protagónica de este colectivo y sus familiares en la sociedad de la República Bolivariana de Venezuela”, como el Conapdis, aún no se pronuncia al respecto.
Y sí, todo lo anterior va en detrimento de los artículos: 2, 19, 21, 81, 337 y 339 de la Constitución y 55 de la Ley para personas con discapacidad que establece:
La justicia Social, la no discriminación, la garantía al goce de los Derechos Humanos que aunque exista el estado de alarma siguen vigentes, la equiparación de oportunidades, que los órganos del Estado no dejan de funcionar con el Estado de Excepción. La obligación del Concejo Nacional para las personas con discapacidad, de participar en las políticas públicas para velar por los Derechos Humanos de estos ciudadanos.
Es cierto que los civiles debemos quedarnos en casa, que todos debemos ayudar a evitar la expansión del Coronavirus, pero los alimentos y medicamentos hay que salir a comprarlos.
Seguiremos reclamando nuestros derechos.
@MOISESFQUINTERO
