El equipo de monitoreo de violencia policial y militar en Venezuela Lupa por la Vida registró en los tres primeros meses de este año 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad en todo el país.
Enero ha sido el mes más violento con 228 casos. En este particular resalta la masacre de La Vega, en Caracas, entre el 8 y 9 de enero con 23 muertes, en un hecho sin precedentes amparado bajo un operativo policial practicado en esa parroquia del municipio Libertador del Distrito Capital por parte de comisiones mixtas de las FAES, CICPC y GNB.
El municipio Libertador es el que más ejecuciones extrajudiciales registró en Caracas durante el mes de enero con 33 víctimas.
El mes de febrero registró un descenso con 113 casos mientras que se experimentó un ligero repunte en el mes de marzo con 131.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, fue el que se lleva los ingratos “honores” con más muertes en estos tres primeros del año: 66 ejecuciones en su haber, para un 13.77% y resaltando la cantidad de 46 casos solo en enero.
En este sentido, llama la atención el descenso que tuvieron las FAES, siendo catalogado como el cuerpo más letal durante el 2020 con casi 500 ejecuciones extrajudiciales de las casi 3000 que se contabilizaron. En el primer trimestre acumulan solo 56 actuaciones.
Lo que significa que, aunque se mantiene la letalidad como política, la táctica del Estado ha sido la de relevar a un cuerpo por otro en la ejecución de dicha política, sustituyendo a las FAES por el CICPC. Dicho de otro modo, se trata de un cambio de “cara visible” de las actuaciones letales reemplazando a un cuerpo policial por otro.
En el segundo renglón de más letalidad pero con más casos en su conjunto aparecen las policías regionales con 212. De estas, la policía regional del estado Zulia sobresale con 58 registros, seguida por la de Carabobo con 47. Entre las dos representan el 49.5 % de las actuaciones de las policías estadales.
En cuanto a la actuación de todos los cuerpos policiales, las poblaciones de los estados Zulia, al occidente del país, y Carabobo, en el centro, son las que más padecen la violencia institucional.
Esto significa que el mapa se tiñó de rojo en occidente y centro, más que en oriente. La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como Zulia y la región central.
Patrones persistentes
Otro de las patrones que se mantiene en esta política de “seguridad ciudadana” desplegada por el Estado venezolano es que la mayoría de las víctimas son masculinos jóvenes, con edades entre 18 y 30 años.
Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas.
Siguen siendo los sectores populares en mayor medida, y rurales, un poco menos, los sitios escogidos por los cuerpos policiales y militares para el cometimiento de estos procedimientos, generalmente con el pretexto de practicar operativos de seguridad.
Al cumplirse 15 años del proceso iniciado como reforma policial, es lamentable que el resultado sea una policía menos respetuosa del derecho a la vida y se persista con políticas de “mano dura” que han demostrado no contribuyen para nada a disminuir los delitos, sino que llevan más sufrimiento a las comunidades. La violencia de la delincuencia y de las fuerzas del orden público, hacen la vida principalmente de los más pobres mucho más difícil y riesgosa.
La Masacre de La Vega y conflicto armado en La Victoria
Dos hechos en los meses de enero y marzo, respectivamente, se convierten en “emblemáticos” al momento de evaluar el comportamiento de organismos de seguridad en el marco de procedimientos especiales.
El primer suceso es el conocido como La Masacre de La Vega, en la parroquia La Vega del municipio Libertador, al sur oeste de Caracas, donde 23 personas perdieron la vida en un hecho que es considerado como el de mayor magnitud en la historia policial del país en operativos denominados de seguridad ciudadana.
Según testimonios de algunos de los familiares de las víctimas por lo menos 10 fueron detenidos primeramente sin ningún tipo de justificación, algunos sacados de sus casas, y luego fueron asesinados, incluso frente a la vista de otras personas.
El día 8 de mayo se realizó un operativo donde participaron funcionarios de las FAES, de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, (UOTE) también de la PNB, para supuestamente enfrentar a integrantes de la mega banda de “El Coqui”, grupo delictivo que mantiene el control territorial de la Cota 905, zona vecina a La Vega. Según se informó días antes, habían tomado varios sectores de la parroquia caraqueña con el propósito de extender su dominio.
Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de «enfrentamientos con grupos élites policiales».
Entre las víctimas identificadas se encuentran Richard Alejandro Chile Cabello, de 20 años, de edad, empleado de un autolavado; Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años, y Yefferson Moreno Plazola, de 28 años, ambos trabajadores del mercado de alimentos de Coche; Jhonatan Useche, de 17 años, trabajador de una carnicería y Nelson Enrique Villalta Tolima, quien se desempeñaba como profesor de música y vigilante nocturno.
También a Alejandro Ramírez lo mataron cuando se encontraba en la casa de un amigo, según relató una tía, quien acotó que su sobrino “salió de la casa en short y sin camisa a comprar un cigarro para su abuela y cuando conversaba con un amigo en la casa de éste, escucharon tiros y decidieron entrar a la vivienda y cerrar la puerta. La policía se metió en la casa y luego se escucharon unos tiros”.
Completan esta lamentable lista de víctimas Yenkson José García Duarte de 32 años. Ángel Jesús Palma Martínez de 27 años, Guiovani Daboín Palma Martínez de 32 años, Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años, Néstor Duarte, Eliezer Rafael Martínez Rojas, Richard Alfonso Francia, Wilfredo José Naranjo Roca de 39 años, Carlos Alfredo Hernández Hurtado de 16 años y Efraín Durán de 17 años.
A más de 4 meses del hecho siguen guardando silencio tanto el Fiscal General de la República, Tareck William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, mientras los familiares de las victimas están en absoluto desamparo, y, la comunidad de La Vega aún tiene el miedo y las heridas abiertas ante tan trágicos hechos.
En relación al renombrado conflicto armado en la población de La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Páez, estado Apure, en frontera con Arauquita, Colombia, el día 25 de marzo una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, que inexplicablemente participaba de esta operación militar, sacó de su casa a 4 miembros de una misma familia, sin orden judicial previa, y en horas de la tarde aparecieron los cuerpos ajusticiados y con algunas prendas camufladas en un paraje rural de la comunidad de El Ripial.
Las víctimas fueron identificadas como Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez. El joven Emir Ramírez reveló en su denuncia a los medios de comunicación de Venezuela y Arauca que sus padres, Luz Dey y Emilio, y sus otros familiares no eran ningunos terroristas, tal cual como fueron reseñados por la minuta oficial.
Posteriormente se halló el cadáver de Julio César Jiménez, quien trabajaba para ese entonces en una panadería de La Victoria. Su mamá, quien vive en Cabimas, estado Zulia, al occidente del país, también desmintió la versión oficial de que su hijo perteneciese a alguna organización guerrillera.
Tampoco sobre este caso los titulares del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo han arrojado alguna información pese a que anunciaron que instalaban comisiones especiales para investigar estos hechos a pocos días de lo sucedido.
Conclusiones
En definitiva, la impunidad por parte de los organismos jurisdiccionales para investigar estos sucesos y determinar responsabilidades de funcionarios actuantes también ha prevalecido en esta primera parte del año.
La ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia venezolano, justifica cada vez más el trabajo que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y el monitoreo que realiza la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet.
Desde Lupa por La Vida proyecto integrado por el Centro Gumilla y Provea continuaremos visibilizando la grave situación de la violencia militar y policial en Venezuela y contribuyendo con los reclamos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Este es un trabajo especial del proyecto de registro de violencia policial y militar Lupa por La Vida que desarrollan la Fundación Centro Gumilla y la ONG Provea
