Una fuente judicial informó al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) que Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Mérida, salieron en libertad plena, mientras que un tercer efectivo, Luis Gerardo Vargas, se encuentra sentenciado a prisión.
Se conoció que los funcionarios Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez fueron liberados el pasado 6 de abril del 2021.
Cabe recordar que Gerardo Paredes y su hermano Luis Paredes recibieron disparos presuntamente por parte de los nombrados funcionarios el 8 de junio del 2019, cuando los jóvenes se encontraban en la Estación de Servicio “Los Llanitos de Tabay”, del municipio Santos Marquina, estado Mérida.
Los hermanos estaban junto a su primo, Wuilderman Paredes Moreno, quien fue asesinado con arma de fuego presuntamente por el funcionario Luis Gerardo Vargas.
Condenaron la decisión
Ante la libertad de los dos funcionarios el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes condenó la decisión de la Corte de Apelaciones, por considerarla, a su juicio, como «irregular» en el debido proceso del referido hecho.
“Condenamos esta decisión debido a que consiste en la falta de una debida notificación a las víctimas, retrasos y diferimientos injustificados de audiencias, incumplimiento de los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y reiteradas violaciones al principio jurídico de igualdad de las partes”, indicó el ODH-ULA.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, el ciudadano Gerardo Paredes por poco pierde la vida y actualmente presenta secuelas que le impiden desempeñarse como mecánico de vehículos, esto tras ser alcanzado por los disparos cometidos presuntamente por los funcionarios en libertad plena, mientras que Luis Paredes presenta lesiones menores.
El Observatorio mencionó que pese a que mostraron las evidencias de las lesiones causadas de Gerardo Paredes durante el juicio según “la Fiscalía no llamó a testificar a los médicos que lo atendieron”, expresó de igual forma que Gerardo Paredes fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas para poder salvarle la vida.
“Las secuelas de los disparos lo dejaron incapacitado permanentemente para realizar distintas actividades, muchas de ellas indispensables para poder trabajar en su oficio. Gerardo Paredes era quien mantenía económicamente a su núcleo familiar”, indica el ODH-ULA.
Intimidan a las víctimas
Para el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), dejar en libertad a los dos funcionarios “pone en riesgo” tanto la seguridad de Gerardo Paredes, Luis Paredes y la de sus familiares, debido a que pudieran presentarse represalias contra los hermanos Paredes.
Además aseguran que esta decisión constituye un acto de “impunidad ante las violaciones de los derechos humanos”.
Indicaron que en el mes de octubre del año 2020, después de haberse realizado la audiencia final de juicio, presuntamente dos funcionarios portando uniformes de la Policía del Estado Mérida, a bordo de una motocicleta, se estacionaron frente a la vivienda de Gerardo Paredes.
“La esposa de Gerardo Paredes presenció el hecho y refirió que la mujer policía, que iba de pasajera, le dijo a su colega masculino, quien conducía la moto: “Sí, es aquí”. Refirió el Observatorio de Derechos Humanos que tanto la víctima como su familia se sienten intimidados e indefensos.
El ODH-ULA presentó el incidente ante la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, el cual envió una carta al Estado Venezolano el 9 de marzo del 2020 solicitando una reacción sobre el caso y hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.
El Observatorio de Derechos Humanos exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rectificar el hecho, con el objetivo de restituir las decisiones tomadas en el caso, además instaron a las autoridades regionales velar por la seguridad de Gerardo Paredes, Luis Paredes y sus familiares.