En mayo hubo 43 actos de persecución contra comunicadores, activistas y políticos

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Foto: referencial.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó a través de su página web que durante el mes de mayo de 2021 registró al menos 43 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de carácter político, líderes políticos y la población en general por parte del Gobierno nacional.

De acuerdo con Cepaz, estos actos incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones, el uso de la violencia bajo la aquiescencia del Estado, el cierre y bloqueo de medios de comunicación, la apertura de procedimientos judiciales, embargos, la creación de normas que restringen el espacio cívico y un fuerte control y discriminación contra la población a través de los beneficios otorgados con la inscripción y uso de la plataforma Sistema Patria.

Ataques contra la prensa

Según la investigación realizada por Cepaz, en el mes de mayo ocurrieron al menos 23 ataques contra trabajadores de la prensa. Específicamente 14 actos de amenazas, estigmatización o violencia, 2 detenciones arbitrarias, 4 aperturas de procedimientos judiciales, investigaciones o embargos, 3 bloqueos de páginas web y cierre de medios.

«La prensa también ha sido afectada por la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, ocasionada por quienes hoy controlan el poder. La escasez de papel, el desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto costo de los equipos, dejó al diario El Tiempo fuera de circulación en su versión impresa», refirió Centro de Justicia y Paz.

Restricciones al espacio cívico

También registraron dos ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Javier Tarazona, director de FundaRedes, denunció haber recibido amenazas por parte de organizaciones irregulares que operan en el territorio nacional y también a través del canal del Estado.

El otro ataque fue derivado de una normativa que restringe el espacio cívico: la Providencia 001-2021, que si bien fue derogada y sustituida por la Providencia Administrativa 002-2021, de ningún modo suspendió el cerco contra las organizaciones de la sociedad civil, ya que siguen siendo sometidas a conseguir una habilitación para el ejercicio del derecho a la asociación.

Traslado de presos políticos

Además documentó en total 7 ataques contra personeros políticos. Específicamente cuatro actos de detención, una solicitud de extradición de un líder de oposición, el traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y a sus defensores, y un ataque al pluralismo político.

Control social a través del Sistema Patria

De acuerdo con Cepaz, la población fue constantemente amenazada, criminalizada y discriminada. Durante el mes de mayo registraron al menos 11 actos ejercidos contra la población.

«El Sistema Patria constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización social. Ya durante el mes de abril alertábamos con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un patrón de control y discriminación contra la población supeditando la asignación de las vacunas contra la COVID-19 a la inscripción en esta plataforma digital», escribió Cepaz.

Agregó que en el mes de mayo se siguió utilizando la emergencia sanitaria «para obtener un mayor número de personas inscritas, para alegar un índice de popularidad que no puede ser medido por esta plataforma, considerando que la población se encuentra coaccionada a inscribirse. Ahora también se ofrecen descuentos en los servicios de electricidad y agua a través del Sistema Patria, incentivando a los usuarios a que se inscriban y realicen el pago a través de éste».