Yackelin González es docente integral, pero nunca ejerció.
Cuando intento hacerlo, no encontró ningún colegio ni liceo donde fuese aceptada. Han pasado varios años desde entonces y lo que hace ahora para “medio comer”, es completamente diferente a enseñar a un grupo de niños o adolescentes desde un aula de clases.
Ella, junto a su esposo y apoyado por dos de sus seis hijos menores de edad, se dedican a la compra de chatarra casa por casa en la zona donde viven en Paraguaipoa. Luego, cuando acumulan entre 300 y 400 kilos, la venden en Colombia, país ubicado a unos 30 kilómetros, de su humilde rancho cubierto con palmas.
En esas largas travesías que deben emprender hasta suelo colombiano, viven innumerables dificultades. Yackelin cuenta que sale cerca de las 4:00 de la mañana y que llega a Maicao unas tres horas después, donde vende la chatarra. En el camino deben gastar unos 20 mil pesos colombianos para pagar a los “mecateros”, como se le conoce a los grupos de personas que atraviesan mecates, pipas, cauchos o matas de cují en las trochas, con la finalidad de obligar a los conductores a pagar peaje para poder llegar a sus destinos.
Peaje no es garantía
Además, también deben pagarle dinero a diferentes cuerpos de seguridad del Estado que se ubican a lo largo del camino para que los dejen pasar.
Lamentablemente, ninguno de estos pagos les asegura seguridad, pues hay personas que se dedican a robar a quienes atraviesan estos caminos. De hecho, hace unas semanas, el esposo de González fue “encañonado” por delincuentes que le robaron todo el dinero en efectivo que llevaba.
“Cuando viajamos, siempre nos encomendamos con Dios: esa es una lucha que tenemos que hacer para sostener la familia”, dice Yackelin con resignación.
Desde el 2016, cuando la crisis económica empeoró hasta un nivel insostenible en el municipio Guajira del estado Zulia, decenas de profesionales de la educación se vieron obligados a realizar otros oficios para sobrevivir, como la venta de chatarras, gasolina, chicha y otras víveres.
Hoy en día en las aceras de la Troncal de Caribe se pueden observar mujeres vendiendo gasolina; otras, como Yackelin, recorren largos kilómetros en la compra y venta de chatarras.
Foto: Radio Fe y Alegría Noticias Foto: Radio Fe y Alegría Noticias
Extorsión, robo y muerte
Según el censo poblacional de 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), citado por la ONG Civilis, los indígenas representan el 2,7% (724.592) de la población nacional (27.277.930). En la región zuliana habitan 443.544 indígenas, es decir, el 61,2% de la población indígena nacional.
“Los indígenas que habitan en la región zuliana equivalen al 12% de la población total de la región (3.704.404). Entre ellos están los Wayúu (404.651), Añú (20.688), Yukpas (2.784) y Japreria (156). El pueblo Wayúu no solo es mayoritario en la región zuliana (91,23%), sino también en todo el país (57,05%)”, reseña Civilis.
En las comunidades indígenas de la Guajira, decenas de familias viven una vida precaria, donde la desnutrición llega a ser algo común. Para ellos, una bolsa de comida distribuida por el Gobierno que apenas trae harina, arroz, azúcar, pasta y granos, es la única esperanza para llevar algo al estómago. Una esperanza que puede llegar cada dos meses.
En septiembre de 2020, la Comisión para los Derechos Humanos del Zulia (Codhez) reportaba que, según información de la Alcaldía de Mara, tanto en ese municipio como en la Guajira, se habían detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados, asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis.
«Nos va a matar el hambre»
La llegada de la pandemia COVID-19 empeoró todo. Tanto, que días después de que el Gobierno nacional inicia las medidas restrictivas por el virus, los habitantes de la Guajira protestaron. “No nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, afirmaban.
José David González, Coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, sostiene que, ante la ausencia de trabajo y políticas públicas que ayuden a los habitantes de los pueblos indígenas del estado Zulia, las mujeres wayúu y añú han asumido la responsabilidad de dedicarse a actividades peligrosas, en un intento desesperado por mantener a sus familias.
“Las mujeres han sido extorsionadas por grupos en la zona y por los cuerpos de seguridad en los puntos de control”, asegura González. “Ellas corren el peligro de entrar por las trochas, donde son víctimas distintos tipos de abusos: hay mujeres que han sido robada, asesinadas”.
El activista explica que aunque los trabajos a los que recurren estas mujeres son ilegales para las leyes de los alijunas, como se le conoce en esta región a las personas no indígenas, “para ellas es legal porque es la única forma de traer alimentos a sus hogares”.
Ayudas urgentes
Para Beverly Paz, una profesora de biología y madre wayúu de 31 años, las madres de la Guajira se arriesgan por sus hijos, pues “en el municipio nosotros no contamos con salud ni ayuda en alimentación”.
Paz cuenta que una de las cosas que las motiva a atravesar la frontera, a pesar del peligro que ello representa, es poder inscribirse en censos que se realizaban en Colombia, junto a algunas organizaciones no gubernamentales, para poder acceder a diversas ayudas, que incluyen comida.
“No hay atención directa del gobierno venezolano, y eso nos ha obligado a que tengamos que ir a buscar ayudas en el vecino país”, afirma. “Siempre nos encomendamos a Dios para pasar y regresar bien”.
Un llamado necesario
González, Coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, llama al gobierno venezolano para que tome “medidas urgentes”, en tema de la alimentación y las actividades económicas, que se vieron gravemente afectadas por la pandemia COVID-19, y que dificultan aún más “el goce y disfrute de alimentos en los hogares”.
“Ese es el llamado que hacemos al gobierno nacional: tomar acciones, medidas de urgencia para que estos derechos humanos sean restituidos de manera urgente, por el tema de la vulnerabilidad sistemática que está sufriendo la mujer Wayúu y Añú que pertenecen a dos pueblos que habitan este territorio ancestral”.
Esta es la primera entrega, a cargo de Eira González y Braulio Polanco, del seriado Mujer, Derecho y Dignidad, una producción periodística de Radio Fe y Alegría Venezuela para mostrar la realidad que vive la mujer en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la Pandemia y la participación que tienen en los espacios de trabajo y de poder.
Participaron en esta producción periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección general de Luis Sánchez.
