El gobierno de Ecuador lleva adelante un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad que modificaría más de 24 artículos, según la propuesta del parlamento.
A juicio del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la reforma de Ley no es constitucional porque atenta contra los mismos artículos consagrados en la Constitución.
Además, argumentan que los artículos objeto de esta reforma son los que garantizan los Derechos Humanos y no deben ser modificados.
Con estos argumentos, la Fundación Regional de asesoría en Derechos Humanos exige ante la Corte declarar inconstitucional dicha propuesta de reforma.
De acuerdo con los abogados que intentan evitar la reforma, el instrumento modificaría las leyes y permitiría la tenencia y porte no autorizado de armas, las actuaciones sobre contenidos digitales, entre otros.
”Existen inconsistencias“
La asesora Legal la Fundación Regional de asesoría en Derechos Humanos, Ani Cují, aseguró que ”existen varias inconsistencia constitucionales. A estas inconsistencias a las leyes nacionales, se suman aquella que también son inconsistentes con varios instrumentos internacionales que contravienes estas reformas”, dijo a Contacto Sur, un producto que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.
Cují considera que “varios cuerpos legales” pueden ser utilizados en contra de los ciudadanos de a pie. Incluso, el Estado en Ecuador podría eliminar el principio de presunción que es uno de los elementos más cruciales en el derecho.
La reforma de la Ley de Seguridad trastocaría principios básicos que hasta ahora garantizan el debido proceso y la presunción de inocencia, dijo Cují.
Otros de los componentes cuestionados estarían vinculados a delitos de ciberseguridad, que a juicio de Cují no están acordes con instrumentos internacionales en esta materia.
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