Un grupo de expertos internacionales en derechos humanos, junto a organizaciones y academias de América Latina y el Caribe, exige que se garantice la protección tanto a niños como jóvenes en Venezuela. La solicitud viene a raíz de las detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado luego de la elección presidencial del 28 de julio.
A través de un comunicado en el que firman organizaciones como Tejiendo Redes Infancia; movimientos de distintos países como Ecuador o México, y personas que ocuparon cargos vinculados con la protección de menores de edad en sus respectivas naciones, se expresa la preocupación que tienen por el impacto de la situación venezolana en la vida de los mismos.
Señalaron que las movilizaciones postelectorales pusieron de manifiesto un patrón alarmante respecto al uso de la fuerza y violaciones de derechos humanos que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes. También incluyeron a personas jóvenes y aseguran que todos se encuentran en una situación de “vulnerabilidad crítica”.
Vale recordar que las mencionadas movilizaciones se dieron en varios estados del país, pues fue la forma que encontraron la personas para expresar su descontento con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral.
Según el escrito de las organizaciones, “el Estado recurrió a la represión a través de los órganos de seguridad y en algunos casos se documentó en medios de comunicación la presencia de grupos armados irregulares”.
Resaltaron que esas acciones vulneran el derecho a la libertad de expresión y reuniones pacíficas, además de ser “una amenaza directa a la seguridad y bienestar de la ciudadanía”.
Juventud vulnerable en Venezuela
De igual forma, puntualizaron en el escrito que hasta el 6 de agosto de 2024 la organización Foro Penal contabilizó 100 adolescentes detenidos en el contexto postelectoral en Venezuela.
Los firmantes reiteraron la preocupación por todo esto, pues los menores no habían podido tener contacto con sus padres ni con activistas de derechos humanos. Igualmente era escasa la información sobre su estatus legal así como de sus condiciones físicas, además de que no se les permitió una defensa privada.
En el comunicado también hacen mención al incumplimiento de los lapsos legales para las respectivas presentaciones en tribunales y a que “en todos los casos conocidos hay imputación del delito de terrorismo”.
Los expertos enfatizaron en la urgencia de facilitar la verificación de las denuncias “inquietantes” sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. “Ningún gobierno puede incumplir sus obligaciones legales de protección a las infancias argumentando temas ideológicos o conspiraciones geopolíticas”, agregaron.
Petición
Para finalizar el oficio, las organizaciones, movimientos, academias y coaliciones piden al Estado venezolano varias cosas, entre ellas “detener las violaciones de derechos humanos (…) garantizando la protección de las personas que se manifiestan, en particular de las infancias”.
También solicitan la liberación de los adolescentes cuya participación en la comisión de delitos no sea comprobada y en especial que estén en espacios separados de adultos. Otro punto es “garantizar el libre acceso a información veraz y objetiva, sin censuras ni bloqueos a medios de comunicación”.
Solicitan investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, con la respectiva identificación y sanción a los responsables. Finalmente sugieren que se fomenten diálogos inclusivos y pacíficos con todas las partes involucradas, con voz para las infancias y juventudes.
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