En su nuevo informe, dado a conocer este 2 de julio de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, establece que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en medio de operativos de cuerpos policiales y militares.
Según los datos recopilados por su Oficina que funciona en Venezuela desde septiembre de 2019, las FAES, organismo adscrito a la PNB, es el cuerpo policial que puntea la nefasta estadística con 432 muertes.
Le prosiguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 366 muertes.
Luego la Guardia Nacional Bolivariana es responsable de 136 muertes y muy de cerca llega la policía del Estado Zulia con 124 muertes.
En general, el mayor número de muertes por este tipo de operativos se registraron en Zulia, con 323 personas asesinadas; Aragua con 148; Bolívar con 140 y Lara con 121.
En estos operativos también habrían fallecido 5 funcionarios de las fuerzas de seguridad. Otros 16 habrían resultado heridos, reza el documento.
Ejecuciones a la orden del día
Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH documentó 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados expresamente por las fuerzas de seguridad.
Casos que se registraron en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Sucre y Zulia.
La diferencia entre «muertes violentas» y «ejecuciones» es que en estas últimas, el policía o militar dispara a una persona que ya está sometida y sin posibilidad de defenderse.
En su informe, Bachelet se refiere a funcionarios policiales y militares, pero también incluye entre los ejecutores a los «colectivos armados», grupos parapoliciales que defienden al chavismo.
Nuevamente las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana de Venezuela puntean este renglón con 23 presuntas ejecuciones.
Siete se atribuyeron al CICPC. Tres a los colectivos armados. Dos a la Policía Nacional Bolivariana. Una a la Dirección de Investigaciones Penales. Una al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas). Y una muerte ocurrió estando bajo custodia. Al parecer fue responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana.
En una de sus líneas, la alta comisionada de DDH destacaba su preocupación por un «patrón repetido» de estas ejecuciones y muertes en operativos policiales y militares por el alto número de muertes de jóvenes.
«El patrón identificado en estos casos es similar al descrito en el informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de julio de 2019. Las víctimas de las muertes documentadas por el ACNUDH eran todos hombres jóvenes, en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos, caracterizados por altas tasas de delincuencia. Algunas víctimas tenían antecedentes penales, mientras que otras no los tenían y fueron presuntamente objeto de venganza personal o su muerte se debió a un error de identificación».
