Familiares de 13 recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Felipe, estado Yaracuy, denunciaron que las autoridades no les están permitiendo el ingreso de alimentos y agua potable para los privados de libertad.
Así lo informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) este miércoles, indicando a su vez que las familias de los reclusos expresan que «temen por el estado de salud de los privados de libertad» ya que no cuentan con condiciones óptimas para tener una alimentación regular.
De acuerdo a una investigación del OVP los privados de libertad de 34 cárceles del país sufren de desnutrición y «el hambre azota a la población reclusa venezolana».
La directora del OVP, Carolina Girón, expresó en la presentación de este informe, «que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y pactos internacionales».
Asimismo, denunció que para el primer trimestre del 2021 existía un 177,07 % de hacinamiento y que las cárceles venezolanas «no cuentan con la infraestructura ni con las políticas para mantener los estándares mínimos de reclusión para que las personas cumplan sus condenas con dignidad».
628 privados de libertad han muerto
Del mismo modo, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó que que al menos 628 privados de libertad han muerto dentro de las cárceles y centros de detención preventiva en Venezuela, entre 2017 y el primer semestre del 2021.
“Desde 2017 el OVP empezó a notar muertes por cuestiones de salud y, por eso, fuimos más allá; la mayoría de los decesos fueron por tuberculosis (…) y detrás de esa enfermedad están los casos de desnutrición”, puntualizó Carolina Girón, directora del OVP.
Asimismo, e informe señaló que en el primer semestre de este año se han contabilizado cerca 123 muertes por razones de salud en las cárceles y calabozos policiales del país.
De igual forma, indicó que de los 123 fallecimientos, 69 ocurrieron en recintos carcelarios, mientras que el resto se registraron en los centros de detención preventiva.
También, El informe aseveró que de las 628 muertes documentadas por casos vinculados a la salud desde el año 2017, 381 estas han sido en las cárceles y 247 en los calabozos policiales.
Según el OVP gran parte de los casos son debido a la tuberculosis, pero la desnutrición también es una de las principales causas.
“El Estado es responsable de llevar los alimentos y de que estas personas tengan acceso a ellos, es el Estado quien debe proporcionar la nutrición, pues los reclusos no puede ir a un abasto a comprar comida”, expresó Girón.
