Fiscal General alerta «falta de transparencia» de Fiscalía de Corte Penal Internacional sobre caso de Venezuela

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Tareck Wiiliam Saab, designado Fiscal General de la República por la extinta ANC, anunció este sábado 1 de mayo que el viernes 30 de abril entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un nuevo informe que complementa la respuesta de Venezuela a «todos los requerimientos exigidos» en una comunicación de esa instancia del 2 de octubre de 2020.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público venezolano corroboró que este informe es el tercer documento que entrega como «continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».

Por esta razón, alerta que deja constancia de la «falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar en el que nos hallamos».

Con este tenor el abogado aseveró que de parte de esa instancia penal ha habido «un mutis, un silencio», y agregó que «esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la CPI y no viceversa».

Expresó que por estas razones el Estado venezolano se ve en la necesidad de solicitar una evaluación por parte de la Fiscalía para conocer si las respuestas que ha venido dando a los requerimientos señalados en los tres informes son suficientes para la fase de la investigación que sobre Venezuela, desde esta jurisdicción internacional, se prosigue por diferentes denuncias relacionadas a violaciones de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad.

Recordó que en un primer aportó a ese organismo, en noviembre del año pasado, «el Estado venezolano contestó debidamente al cuestionario emitido por la Fiscalía, informando sobre la situación de procesal de los casos requeridos tanto en la jurisdicción civil como en la militar».

Aseguró que en esa comunicación mencionada había un compromiso por parte del Estado de modificar su ordenamiento jurídico interno. Judicialización contra quienes atentan contra los derechos humanos en el país.

Entre esas primeras medidas acordadas destaca la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, publicada en gaceta oficial el pasado el 13 de abril, y que tendrá una duración de 6 meses con la participación del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Interior, Justicia y Paz.