Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de Bolivia imputó formalmente al ex presidente Evo Morales por los supuestos delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo», en el marco del llamado «caso audio».
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— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) July 6, 2020
La Comisión considera que Evo Morales mantuvo conversaciones vía telefónica con diferentes actores políticos dentro y fuera de Bolivia para coordinar bloqueos de alimentos y cerco en las ciudades bolivianas.
Entre ellos destaca el dirigente cocalero Faustino Yucra. Las llamadas las habría hecho Morales desde la Ciudad de México.
De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía, ambos políticos se habrían comunicado en dos ocasiones. Una el 12 de noviembre de 2019 y luego el 17.
Además, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, informaron que hay una alta probabilidad de identificación de la voz de Evo Morales.
Con estos antecedentes, la comisión de fiscales emitió la imputación formal contra el expresidente y solicitó su detención preventiva.
“Caso Audio”
Evo Morales es investigado en Bolivia en el denominado“Caso Audio”, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado tras su renuncia.
“De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México”, donde entonces estaba Morales, “hasta El Torno”, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía.
“Aparentemente, en esa conversación”, añade la nota, “Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado.
Desde entonces, la presidenta encargada de Bolivia, Jeanine Añez, exhortó al Ministerio Público de su país a que efectuara una investigación al respecto.
Morales ha negado estos y otros cargos que se le han señalado. Actualmente está radicado en Argentina como asilado político del gobierno de Alberto Fernández.
