La Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijo a través de su titular Karim Khan que está “monitoreando activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
Adicionalmente añadió que la oficina de Khan se ha “encargado de colaborar con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el Estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”.
La reacción de la CPI se genera en un contexto postelectoral donde el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha detenido a más de 2 mil personas señaladas de presuntos delitos, entre ellos, el de fascismo y terrorismo de Estado.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que estas detenciones son arbitrarias. Las mismas están ligadas a las movilizaciones que buscan lograr que el Consejo Nacional Electoral publique las actas auditadas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio; una obligación que el árbitro comicial no ha cumplido.
La CPI tiene presencia en Venezuela desde 2021 a través de una oficina que continúa las investigaciones en torno a años anteriores al pasado evento electoral y que apuntan a determinar si existió o no la comisión de los delitos de torturas, tratos crueles e inhumanos incluyendo violencia sexual, persecución, detenciones masivas y arbitrarias, además de desapariciones forzadas.
Carta abierta de Amnistía Internacional
La respuesta de la Fiscalía de la CPI llega días después que Amnistía Internacional le enviara una carta abierta para que se tomen acciones urgentes contra la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, registrados durante las manifestaciones postelectorales.
El organismo dedicado a la defensa de los derechos humanos cuestionaba el silencio total por parte del Fiscal de la CPI sobre la crisis política y los crímenes organizados contra la sociedad venezolana, perpetrados por funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
Erika Guevara Rosas, directora de investigación, incidencia, políticas y campañas de AI, denunció que la fiscalía internacional, en este caso la CPI, ha sido testigo de las muertes de personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados de civiles que supuestamente reciben órdenes del gobierno.
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