La Fiscalía de Perú solicitó que las fuerzas de seguridad entreguen información “clasificada” relacionada con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Estas manifestaciones resultaron en decenas de muertos y heridos. La solicitud forma parte de la investigación que sigue la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y otras altas autoridades de su Gobierno.
Según el Ministerio Público, esta solicitud de información “clasificada” está destinada a obtener datos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las movilizaciones sociales.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar el 10 de enero contra Boluarte, dos ministros y tres exministros, por delitos como genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en relación con los fallecidos y heridos durante las protestas.
Estas manifestaciones ocurrieron en varias regiones del país y se prolongaron hasta marzo de este año. Se reportaron al menos 49 civiles muertos en enfrentamientos y un total de 77 fallecidos, incluyendo 7 haitianos, debido a acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.
La Fiscalía de Perú busca esclarecer los hechos con celeridad por lo que interrogaron a Boluarte el 6 de junio como parte de la investigación.
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